Con la reforma a la Ley Agraria, aprobada en 2016 y que promueve un mínimo de 40 por ciento de mujeres candidatas en los Comisariados Ejidales, las indígenas tienen la posibilidad de participar en las decisiones sobre el uso y aprovechamiento de la tierra, afirma la otomí Rosenda Maldonado Godínez.
“Las mujeres indígenas trabajamos la tierra, vivimos ahí pero no somos dueña de ella y, no tanto como dueñas, sino que no tenemos derecho, reconocimiento”, afirma en entrevista la coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Indígenas Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (Renamitt).
Originaria de la sierra norte de Veracruz, desde agosto de 2013 Maldonado Godínez se ha dedicado a promover el derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra, que “no es propiedad porque para las mujeres indígenas la tierra no es propiedad de nadie, al contrario decimos que nosotras somos de la tierra”, explica.
La Renamitt surgió hace cuatro años con integrantes en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Jalisco y Chihuahua, pero desde 2008 ya venían realizando la representación jurídica para las mujeres que deseaban tener la tenencia legal de sus tierras. Ahora, enlazadas, impulsan también la capacitación sobre el uso y aprovechamiento de los bienes comunes.
La también presidenta de Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl destaca que en muchas comunidades la migración de los hombres deja a las mujeres a cargo de las parcelas o los solares y son ellas quienes deben ir a la asamblea; sin embargo, no hay un reconocimiento como tal de su liderazgo.
Maldonado Godínez menciona que datos de la Renamitt retomados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalan que de los 12.3 millones de mujeres que habitan en el medio rural, sólo el 5 por ciento tienen derechos reconocidos sobre sus tierras. El Registro Agrario Nacional consigna, por su parte, que las mujeres representan sólo el 25 por ciento del total de sujetos agrarios que existen en México.
La Red realiza actividades de capacitación y difusión de los derechos de las mujeres y del derecho al acceso a la tenencia de la tierra para que trabajarla sea visto como una actividad de ambos sexos. “Las mujeres participamos para defender nuestras casas, hogares, nuestros hijos, para defender la tierra. Si no la cuidamos no vamos a tener vida en un futuro”, destaca.
LA REFORMA
Una de sus demandas fue escuchada en el Congreso de la Unión y en diciembre pasado se reformó el Artículo 97 de la Ley Agraria para decir que las candidaturas a puestos de elección que integran el Comisariado Ejidal y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más del 60 por ciento de candidatos de un mismo sexo.
Esta reforma, como otras similares que se han realizado en los estados, es para “decir a los señores que esto no es nada más una cuestión de que uno quiera sentirse más, sino que es un derecho que tenemos y si la Constitución habla de igualdad ¿por qué en ese tema hay una disparidad enorme”, se pregunta la indígena.
Para Maldonado Godínez, una de las tareas principales de la Renamitt es que las mujeres regularicen la propiedad de su tierra porque, si no son reconocidas como ejidatarias, mucho menos podrán ser presidentas del Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales y no podrán participar en las decisiones.
Como complemento, las indígenas realizan sesiones de capacitación en las comunidades y con otras posibles ejidatarias para que conozcan que, como personas, tienen derechos sobre la tierra. “Es difícil, hasta la fecha te encuentras con muchos retos. Es poco a poco”, dice, ya que en algunos pueblos todavía no se acostumbra ver liderazgos femeninos.
NUEVOS OBSTÁCULOS
Realizando trabajo con otros actores políticos, la Renamitt se encontró con la Reforma Energética, que ha dado pie a la entrada de empresas y megaproyectos en tierras ejidales, sin que se tome en cuenta la opinión de los pueblos indígenas. Eso las ha obligado a empaparse de estas nuevas políticas para saber de qué se tratan y cómo contrarrestar los daños.
Las mujeres de la Red dicen que han tenido logros como la reforma a la Ley Agraria, pero aún falta ver si esta norma se está cumpliendo y a la par difundir los estragos que llevan las mineras, hidroeléctricas o empresas que se instalan a las comunidades a desarrollar sus proyectos sin anuencia de las y los indígenas o con mentiras.
Fuente: Cimac Noticias