Washington, 8 may (PL) El gobierno de Estados Unidos defendió hoy en el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito, en Richmond, Virginia, el segundo decreto migratorio del presidente Donald Trump, bloqueado por la justicia en marzo último.
La disposición del mandatario tiene el propósito de frenar la entrada de refugiados de cualquier país durante cuatro meses.
Como versión de un veto de viajes previo que también fue frenado en los tribunales, busca además imposibilitar el otorgamiento de visas por 90 días a sirios, libios, iraníes, sudaneses, yemenitas y somalíes.
Jeffrey Wall, representante del Departamento de Justicia, argumentó que la iniciativa no tiene nada que ver con cuestiones religiosas, y no es un veto a los musulmanes, afirmó.
Expuso que los comentarios de Trump durante su campaña electoral acerca de impedir la entrada de esas personas no guardan relación con el texto del decreto.
De acuerdo con Wall, la medida solo está vinculada con cuestiones de seguridad nacional.
Reportes de prensa sostuvieron que algunos jueces se mostraron escépticos ante esa argumentación y sus preguntas hicieron que Wall perdiera el hilo varias veces.
El juez Robert King indicó que Trump nunca se retractó de sus comentarios públicos y su colega Henry Franklin Floyd mencionó que un día después de firmar la orden ejecutiva el vocero presidencial, Sean Spicer, declaró que el gobernante sigue cumpliendo sus promesas.
En las primeras horas del último 16 de marzo, a punto de entrar en vigor el decreto firmado por Trump 10 días antes, el juez Theodore Chuang, de Maryland, acogió un pedido de grupos de activistas de frenar la medida por considerarla discriminatoria contra los musulmanes.
Previamente, Derrick Watson, colega de Chuang en Hawái, había bloqueado la iniciativa, cuya primera variante fue rubricada el 27 de enero e incluía a los ciudadanos Iraq entre los imposibilitados de recibir permisos de viajes.
La apelación al veredicto de Watson está prevista para ser analizada el 15 de mayo venidero en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito en San Francisco, California.
A juicio de sus opositores, la orden presidencial viola la cláusula de establecimiento de la Constitución que impide la discriminación religiosa.
También consideran que se interrumpen las funciones de compañías, instituciones de caridad, universidades públicas y hospitales que tienen relaciones profundas fuera de Estados Unidos.
Después de conocer el bloqueo a su decisión, Trump profirió críticas sobre ese paso y manifestó que buscaría revertirlo. Este fallo nos hacer ver débiles, vamos a combatir esta terrible resolución y vamos a llevar el caso tan lejos como sea necesario, incluso a la Corte Suprema de Justicia, puntualizó.