Caso Tamuín: irregularidades en favor de ex militar
El feminicidio de la niña de 13 años Adriana Martínez Campuzano podría quedar en la impunidad, y su asesino, el ex militar Filiberto Hernández Martínez absuelto por el caso, luego de que el Poder Judicial de San Luis Potosí, perdió la evidencia que estaba bajo su resguardo, fundamental para vincular y procesar al agresor.
“Es preocupante en términos de acceso a la justicia y preocupa porque es responsabilidad del Poder Judicial de San Luis Potosí salvaguardar la evidencia”, informó en entrevista con Cimacnoticias la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social (Gadh), Karla Micheel Salas Ramírez, quien detalló que de todos los elementos que existían para vincular al feminicida, sólo quedó una colchoneta a la cual no se le pudo hacer el peritaje porque no fue resguardada adecuadamente por la autoridades, lo que dejó al caso sin ninguna evidencia.
Adriana Martínez Campuzano es una de las 4 menores de edad, además de una mujer de 32 años, asesinadas por Filiberto Hernández, entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí. Su madre, Sandra Campuzano la reportó como desaparecida el 24 de mayo de 2011, después de que no regresó de la escuela.
Adriana fue acosada en repetidas ocasiones por el ex militar, ya que ella recolectaba dinero para la festividad del Día del Estudiante. Filiberto Hernández impartía clases de zumba y coordinaba actividades de catequesis en el templo del municipio. Su madre se enteró de acoso a través de sus amigas y empezó a notar que su hija comenzaba a aislarse de las personas y bajó de calificaciones en la escuela.
Un mes más tarde, el cuerpo de la niña fue encontrado en Cañaveral de Puntilla, pero fue hasta el 2014 cuando Filiberto Hernández fue detenido, por portar un arma exclusiva del Ejército, y confesó el asesinato de las 5 víctimas. Declaró que golpeó, violó y asesinó a Adriana. Aun así, el feminicida fue absuelto de la acusación tras alegar tortura en su detención y, por su parte, el juez de la Quinta Sala Penal determinó que no existían “pruebas suficientes” para continuar con el proceso del feminicidio de Adriana Campuzano.
DENUNCIARÁN ANTE CONSEJO DE JUDICATURA
Ante la omisión y negligencia de las autoridades en 2016 la familia de la víctima interpuso un amparo para que Filiberto Hernández fuera nuevamente consignado por el caso. En enero de 2017, la familia ganó el recurso, sin embargo, ahora sin pruebas , es imposible que se puede terminar la culpabilidad del feminicida, por lo que la defensoría, dijo Micheel Salas, se prepara para presentar una denuncia ante el Consejo de la Judicatura local, en contra las autoridades responsables del Poder Judicial.
Cómplices de esta negligencia, denunció la representante de los 5 casos de feminicidio, fue la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de San Luis Potosí. “Desde el mes de marzo insistimos en que la Procuraduría General resguardara la pruebas para realizar el peritaje, en este sentido también ellos fueron omisos en realizar su trabajo, no vemos que tengan la voluntad de hacer las cosas”, indicó.
Por lo tanto, Filiberto Hernández, quien está en prisión preventiva en Durango, podría ser sentenciado únicamente por tres de los asesinatos que cometió, ante el resultado negativo por tortura que arrojó el Protocolo Estambul, aplicado al feminicida en diciembre de 2016; los asesinatos de Itzel Romaní Castillo de 11 años de edad, Dulce Ximena Reyes de 9 años y Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad.
“Esto podría terminar en que el sujeto salga libre por el caso de Adriana, cómo piensa la Procuraduría que puede ser procesado sin pruebas, a eso estamos llegando a sentencias a familias”, reiteró la abogada.
Y recordó que está pendiente otro caso, el de Rosa María Sánchez de 15 años de edad, a quien en febrero de 2017 se logró confirmar su identidad a partir del análisis forense de siete huesos localizados en 2014 en Cañaveral de Puntilla donde el feminicida enterró a sus víctimas, pero falta la recolección del resto del cuerpo y el dictamen pericial necesario.
PÉRDIDA DE EVIDENCIAS, LA CONSTANTE
Desde la experiencia de la abogada, quien también litigó el caso de “Campo Algodonero”, la pérdida de evidencia por parte de las procuradurías y ministerios públicos es una constante en los casos de feminicidio que impide el acceso a la justicia, “no les importa cuidar las evidencias, no sabemos por qué se niegan en proteger la vida de las mujeres y proteger a los feminicidas”, aseveró.
Las irregularidades en el caso también han sido denunciadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que en un informe especial sobre el caso de Tamuín determinó que la Procuraduría local investigó mal los cinco casos de feminicidio: no recolectó de manera adecuada las pruebas ni realizó de forma correcta el peritaje forense a las víctimas.
La Comisión también ordenó la creación de una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos. Esta instancia además ha insistido en activar el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en San Luís Potosí, solicitud que está pendiente desde noviembre de 2015, para los municipios de la capital, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Tamuín, Tamazunchale y Matehuala.
Fuente: Cimac noticias