México (PL) La lista de periodistas asesinados en México creció en lo que va de año para recordar un flagelo que tiene al gremio de comunicadores en situación de emergencia ante la repetición e impunidad de tales crímenes.
El reportero gráfico hondureño Edwin Rivera se convirtió en el octavo profesional de la prensa asesinado en México este año y se une a un largo listado de muertes sin justicia.
Rivera estaba refugiado en Acayucan, estado de Veracruz, tras huir de su país por temor a perder la vida, como le ocurrió a su compañero de labores, Igor Ibarra, director y productor del programa Los Verduleros de la televisión hondureña, asesinado en San Pedro Sula a mediados de enero.
La muerte de periodistas volvía a ser recurrente en México, considerado como el tercer país más peligroso del planeta para el ejercicio del periodismo, solo después de Siria y Afganistán, naciones envueltas en conflictos armados.
Unos días antes de la muerte del camarógrafo hondureño fueron encontrados en el fondo de una barranca de la región de Tierra Caliente, estado de Michoacán, los restos del periodista mexicano Salvador Adame, desaparecido desde mayo.
Según las primeras investigaciones, Adame resultó asesinado por sicarios al mando de un narcotraficante apodado «el Chango Peña». El cuerpo de la víctima fue quemado y hubo que identificarlo mediante pruebas de ADN.
JAVIER VALDEZ, VÍCTIMA DEL NARCOTRÁFICO
Este año también perdió la vida violentamente Javier Valdez, corresponsal de La Jornada y cofundador del semanario Ríodoce, ultimado por sus sicarios a plena luz del día en una céntrica avenida de Culiacán, cuando se dirigía al trabajo.
Su cuerpo quedó tendido en el pavimento con disparos en la cabeza y el cuerpo.
Valdez era reconocido en México y otros países por sus artículos y libros sobre el flagelo del narcotráfico y sus nexos en diversos estamentos de la vida pública, lo cual le valió varios reconocimientos internacionales.
Entre otros, fue el autor de los libros «Miss Narco» (contiene reportajes de mujeres en el narcotráfico), «Malayerba», «Los Morros del Narco» (sobre los niños involucrados en ese flagelo), «Levantones, desaparecidos y víctimas del narco», «Huérfanos del narco» y «Con una granada en la boca», sobre la violencia imperante en México.
Su último libro, «Narcoperiodismo», se publicó en septiembre de 2016. En esa obra periodistas mexicanos explican sus experiencias y sentimientos al cubrir la información relacionada con el crimen organizado.
En septiembre de 2009, Ríodoce publicó una serie sobre el narcotráfico titulado «Hitman: La confesión de un asesino en Ciudad Juárez». Pocos días después de divulgada, fue lanzada una granada contra el inmueble. Los atacantes nunca fueron identificados.
Como Javier Valdez también murieron este año Filiberto Álvarez Landeros, locutor en Tlaquiltenango, Morelos (29 de abril); Maximino Rodríguez Palacios, del portal de noticias Colectivo Pericú, en Baja California Sur (14 de abril) y Miroslava BreachVelducea, corresponsal de La Jornada y colaboradora de Norte, de Ciudad Juárez (23 de marzo), a quien mataron delante de su hijo.
Asimismo, Ricardo Monlui Cabrera, propietario y director del portal El Político y editor de la columna Crisol de Córdoba, en Veracruz (19 de marzo) y Cecilio Pineda Brito, director de La Voz de Tierra Caliente, en Guerrero (2 de marzo).
Llama la atención la repetición de esos crímenes a pesar de que hay un mecanismo legal instituido para que la Procuraduría General de la República, y las estatales, brinden protección a los periodistas y activistas de derechos humanos.
Pese a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, apelaciones y promesas del presidente Enrique Peña Nieto, así como protestas de comunicadores y de otros sectores, y denuncias de organismos internacionales, en ninguno de estos casos hay culpables ni procesos judiciales.
Nada extraño en un país donde la impunidad de los periodistas prevalece en el 99.75 por ciento de los casos. El dato no es de ningún medio de comunicación, sino del Instituto «Belisario Domínguez», del Senado de la República, que divulgó un estudio sobre la libertad de expresión en el país.
Los peligros para la prensa en México no son nuevos. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, adscrita a la Secretaría de Gobernación, tiene contabilizados 105 periodistas asesinados por su labor de 2000 a 2016.
Según diversas fuentes detrás de los asesinatos de comunicadores hay matones de carteles del narcotráfico y funcionarios públicos corruptos que quieren silenciar las críticas.
Algunos periodistas fueron torturados o asesinados a petición de alcaldes; otros fueron golpeados en sus redacciones por hombres armados bajo órdenes de funcionarios locales y policías, que habían amenazado con matar a los periodistas por sus coberturas.
No obstante, de los más de 800 casos graves de acoso, ataques u homicidios contra periodistas en los últimos seis años, solo han sido emitidas dos sentencias por la fiscalía creada especialmente para investigar delitos contra la libertad de expresión.
«La libertad de expresión en México se convierte en un mito», dijo Daniel Moreno, director general de Animal Político, una agencia de noticias independiente.
Moreno consideró que el periodismo en México se encuentra en estado de emergencia ante la incapacidad del gobierno federal de atajar la violencia contra el gremio.
Además, suman 47 los profesionales de la prensa que han perdido la vida durante la administración del presidente Peña Nieto, que se desmarca de acusaciones respecto a espionaje contra comunicadores, activistas de derechos humanos e incluso contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el cual investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.