Roma, 20 jul (PL) El Tribunal de Roma condenó hoy a 20 años de cárcel al neofascista Massimo Carminati, principal implicado en el célebre proceso por corrupción conocido como «Mafia Capital», en el cual fueron condenadas otras 42 personas.
Los jueces de la X Sección Penal sentenciaron también a 19 años a Salvatore Buzzi, empresario de cooperativas sociales, quien en combinación con Carminati tejió una red integrada por directivos, políticos, administradores, funcionarios y empleados, quienes durante años desangraron las arcas del gobierno municipal.
Para la apropiación indebida de fondos públicos, los encartados se apoyaron, entre otros, en los conocidos métodos fraudulentos para la realización de pedidos y asignación de contratos a través de sobornos y, cuando eso no era suficiente, recurrieron a amenazas y violencia, como señaló la fiscalía en la acusación.
En el fallo leído por la presidenta de la corte, Rosanna Ianniello, no se ratificó la acusación de «asociación para delinquir de tipo mafiosa», considerada simple en este caso por los jueces.
Además, se redujo de unos 500 a más de 250 el total de años de privación de libertad solicitados por la fiscalía para los 46 imputados, de los cuales tres fueron absueltos.
Al comentar las conclusiones del caso, la alcaldesa, Virginia Raggi, se refirió al «inmenso daño de imagen a toda Italia» generado por los hechos de corrupción juzgados los cuales, en su opinión, «no habrían sido posibles sin la contribución decisiva de una clase política complaciente, a veces incluso vinculada a estos delincuentes».
A través de su perfil en Facebook, Raggi recordó que la causa incluyó 230 sospechosos, 227 audiencias, 10 millones de páginas de documentos judiciales, 19 mil intercepciones telefónicas y cuantiosos bienes confiscados.
Todo ello ligado a cargos de «extorsión, usura, manipulación de concurrencia, corrupción, lavado de dinero y criminalidad organizada».
De esta manera concluyó el proceso iniciado el 5 de noviembre de 2015 como parte del cual se realizaron decenas de arrestos y allanamientos entre diciembre de 2014 y junio de 2015.