Gobernar dentro de un régimen democrático sería mucho
más fácil si no hubiera que ganar constantemente elecciones
Georges Clemenceau
Las reformas electorales de los años recientes han sido presentadas a los ciudadanos como decisiones de avanzada, como mecanismos efectivos para que las personas amplíen las posibilidades para acceder al poder, pero en las normas aprobadas subyace la simulación, pues los partidos políticos se han encargado de mantener el control, aferrándose a ser el conducto por medio del cual las personas puedan lograr cargos públicos, como si el rechazo y falta de credibilidad que tienen no les estuviese exigiendo una reforma de fondo.
Quintana Roo se encuentra actualmente en un proceso de reforma electoral, previa al proceso electoral de 2018, pero la norma vigente –y muy seguramente la que se aprobará- minimiza el rol del ciudadano en la elección de sus representantes, y ahora hay quien además pretende sancionar a las personas que no acudan a las urnas, como si el abstencionismo no estuviese directamente ligado a la falta de propuestas que resuelvan las problemáticas sociales. Los partidos presentan a candidatos “cara bonita”, pero alejados de los ciudadanos; muy carismáticos, pero con incapacidad manifiesta; llegados a la política por herencia familiar o por poderío económico, pero cuya formación profesional dista mucho de lo que requiere la sociedad.
Ciertamente, las adecuaciones locales derivan de la reforma de 2014 a nivel federal, lo que no necesariamente ha sido favorable, pues antes a nivel local para poder constituir un partido político estatal, se exigía haber funcionado por lo menos dos años como agrupación política; pero ahora basta con solicitarlo al Organismo Político Electoral Local (OPLE), realizar las asambleas distritales o municipales, y en cada una de ellas reunir al 0.26 por ciento de su padrón electoral; en contraparte, si alguna persona pretende contender como candidato independiente en cualquier tipo de elección, tiene que reunir el 1 por ciento del padrón electoral en la demarcación que se trate; es decir, se exige 300 por ciento más de ciudadanos que para constituir un partido; ¿eso es facilitarle el acceso al poder al ciudadano? ¿esa es la manera en que las reformas amplían las libertades ciudadanas? Simulación pura.
Además, la reelección ha sido ya aprobada –a excepción de gobernadores o presidente de la República-, pero si algún representante pretende hacerlo, tiene que contender por el mismo partido que lo postuló, o renunciar a su militancia en el primer año de ejercicio, con lo cual los partidos controlan a sus “huestes” como si de fichas se tratara; y mientras todo ello ocurre, en Quintana Roo partidos como Encuentro Social, propone sancionar a los ciudadanos que no voten, responsabilizando así a los ciudadanos de la incapacidad partidista de motivar el sufragio. Hágase justicia pues, pero en las mulas de mi compadre.
Como puede advertirse, los partidos políticos se han encargado de configurar un sistema electoral en el que el rol del ciudadano parece secundario, en el que la preeminencia de los partidos se mantenga por encima incluso de la voluntad de la personas, pero sobre todo un sistema en el que el ciudadano es el culpable de todos los males sistémicos; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.