No sabemos lo que pedimos, ya que cuando no llueve le rezamos al dios Tláloc para que caiga, aunque sea una gotita de agua desde el cielo, pero ya solamente se acerca la temporada de lluvia como la que estamos teniendo en estos últimos días con la pasada de los huracanes, ahora le rezamos a Tláloc que solamente era tantito y que ya no nos manden más lluvia.
Eso no solamente lo piden los estados afectados sino también el nuestro, cuando los coahuilenses piden que ya no más agua, cuando en las diferentes cabeceras municipales son afectadas con las inundaciones, vehículos varados u otros arrastrados por la fuerza de las corrientes de las aguas.
La misma historia de siempre de lo que sucede ante una mala planificación pluvial, que siempre será la culpa de las autoridades locales, ya que son ellos quienes autorizan los planos de la construcción de calles y avenidas principales, así como el permiso para edificación de viviendas, sin importar en qué zona geográfica.
Muchos de los estudios realizados de alto riesgo por inundación e investigaciones realizadas conjuntamente por la Comisión Nacional de Agua y la Dirección de Protección Civil del Estado, siguen siendo papeles guardados y empolvados en los archiveros de las diferentes instituciones y sobre todo por nuestras autoridades que hacen caso omiso a ellos ya que dentro de las agendas políticas no se consideran de alta prioridad con el cuento de que en Coahuila casi no llueve y por otra parte porque, son obras que no se ven quedando en el olvido si alguna vez se hizo alguna inauguración o banderazo de un proyecto pluvial.
Hay arriba de 13 ríos o arroyos en nueve municipios de Coahuila que potencialmente pueden significar desastres por inundaciones. Dentro de los cauces de éstos o en sus orillas existe un promedio de más de 90 asentamientos humanos, la mayoría de ellos nacidos por invasiones y, por ende, las viviendas son de frágiles materiales, cartón, lámina, maderas y otros objetos.
Quienes hacen los estudios no lo completaron con un censo de población en riesgo por lo que no se conoce con certeza el número de familias que habitan en dichas zonas; sin embargo, se sabe que para cuantificar es en decenas de miles de familias.
La Dirección de Protección Civil conoce perfectamente estos datos, aunque, es poco o nada lo que pueden hacer. Cada año, en las zonas de potencial riesgo se destinan cuerpos de vigilancia y se realizan medidas preventivas a fin de tener oportunidad de rescatar a personas en riesgo.
En realidad, el problema es tan complejo para responder con certeza a las siguientes preguntas: ¿Cómo se puede retirar de zonas de riesgo a miles de familias si no se tiene un lugar dónde puedan vivir, y si éstas, adicionalmente, no tienen el más mínimo interés de mudarse a sitios más seguros pese a conocer los riesgos?
Sólo retirando los asentamientos humanos de zonas de riesgo se puede decir que el problema de las inundaciones, y todo lo que ello significa, está terminando, pero para aquello, estaríamos hablando de una titánica labor.
Empero, el problema es aún más complejo, porque las mismas autoridades, particularmente las municipales, han sido las generadoras de este problema. Su responsabilidad no sólo es por omisión, al permitir que se invadan tierras inadecuadas para fraccionar y, eventualmente, construir casas; sino también por acción, al ceder a la presión de los invasores y realizar obras de servicios urbanos.
Pero la mayor culpa es de la Comisión Nacional del Agua, porque todas las tierras por donde pasan ríos y arroyos son de jurisdicción federal de acuerdo con la ley. Esto quiere decir que los permisos de uso de suelo en dichos lugares no los otorga el ayuntamiento, sino la propia CNA.
No hay que desconocer, primero que los mismos municipios son copartícipes de un delito desde el momento en que permiten construir obras en zonas de alto peligro por inundaciones, incurriendo la misma autoridad municipal en la violación a la ley al realizarlas sin tener los permisos federales correspondientes, y con mayor razón porque la CNA, nunca ha dado permisos para construir nada en dichas zonas, e incluso ha advertido sobre los riesgos que significan asentamientos humanos allí, pero tampoco se ve una medida enérgica para retirarlos una vez ya construidas las viviendas.
El problema no es único en Coahuila, ya que todo el país padece del mismo mal pero mucho o poco lo que hagan las autoridades, todo es cuestión de enfoque de quien lo vea, lo que es cierto y una realidad es la falta de cultura de los mexicanos de aferrarnos a lo material y su sazón de ilegalidad es la pimienta de la vida para gran parte de la población, porque aun así, y en atención de las familias necesitadas de un lugar propio dónde vivir, tenga un avance no muy significativo y por muchas campañas de información exhaustivas en las colonias en riesgo. Las pocas familias que logran reubicarse no duran un plazo mayor de tres meses para retornarse a sus antiguas casas en zona de riesgo y retando a la muerte. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013) www.intersip.org