Brasil: Licencia para matar

Brasilia, 16 oct (PL) La sanción presidencial del proyecto de ley que retira de la justicia común el juzgamiento de crímenes dolosos contra la vida de civiles cometidos por militares brasileños es apreciado hoy como el otorgamiento de una «licencia para matar».
Aprobado una semana atrás por el Senado Federal con 39 votos a favor y ocho en contra y promulgado este lunes en el Diario Oficial de la Unión, el decreto establece que la transferencia para la Justicia Militar de los homicidios intencionales perpetrados por efectivos de las Fuerzas Armadas contra civiles valdrá en tres situaciones determinadas.
La primera es durante las operaciones de paz y de garantía de la ley y el orden (GLO), como la que está en curso en Río de Janeiro; también cuando se cumplan tareas ordenadas por el Presidente de la República o el ministro de Defensa; y en acciones que comprometan la seguridad de una institución o una misión militar.
En la práctica, el proyecto aprobado es una «licencia para matar» que naturaliza la acción de las Fuerzas Armadas contra la población, sostuvo en declaraciones a Radio Brasil Actual el cientista político Gabriel Elias.
A juicio del también asesor de movimientos sociales del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales, se trata además de un retroceso que remite al período de la dictadura cívico-militar y de «una medida más publicitaria que efectiva».
La promulgación del cambio en el Código Penal Militar por parte de Michel Temer desoyó un oficio enviado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitándole el veto integral a la propuesta, por considerar que atenta contra el Estado Democrático de Derecho y podría estimular la práctica de ejecuciones extrajudiciales en la actuación de los militares.
Dada su composición y organización, criticó la CNDH, la Justicia Militar no es imparcial para procesar los delitos graves cometidos por militares contra civiles.
En ese sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) para América del Sur y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron también su «profunda preocupación» con el tema.
Las organizaciones recordaron en una nota que el juzgamiento por tribunales militares de denuncias de violaciones cometidas por efectivos castrenses contra civiles impide la posibilidad de una investigación independiente e imparcial, realizada por autoridades judiciales no vinculadas a la jerarquía de comando de las propias fuerzas de seguridad.
La justicia militar debe apenas juzgar delitos o infracciones de la disciplina cometidos en ese ámbito, señaló el representante de la Acnudh, Amerigo Incalcaterra, y alertó que la ampliación de la jurisdicción de los tribunales militares hiere el principio de la igualdad ante la ley y relativiza las garantías del debido proceso legal.
Ya durante los debates en la Cámara alta, el senador del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) Roberto Requiao catalogó el proyecto de ley como «irresponsable», pues constituye «una monstruosidad, un absurdo».
Por su parte, el líder de la bancada del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Lindbergh Farias, insistió en que las acciones militares y el empleo de las Fuerzas Armadas como policía no resolverán el problema de la violencia en las ciudades, tal y como lo demuestra el caso de Río de Janeiro y la ocupación de las favelas.
Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, solo en 2015 más de 58 mil 300 ciudadanos fueron muertos de modo violento e intencional en el país, y más de tres mil 300 fueron resultado de la intervención policial.
Dicho de otro modo, cada día al menos nueve personas fueron asesinadas por la policía brasileña, alcanzándose así un tasa de letalidad policial de 1,6 muertos por cada 100 mil habitantes, muy superior a la de países como Honduras (1,2) y Sudáfrica (1,1).
En esa propia entidad federativa se reportaron durante el primer semestre de este año dos mil 723 homicidios dolosos, un 10,2 por ciento más que en el mismo periodo de 2016; pero el incremento más significativo fue el de asesinatos resultantes de «actos de resistencia» a la intervención policial, que escaló al 45.3 por ciento, hasta 581 casos.
La Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano anticipó ya que solicitará a la fiscal general de la república, Raquel Dodge, que cuestione ante el Supremo Tribunal Federal la constitucionalidad de esa modificación en el Código Penal Militar promulgada hoy por Michel Temer.