Repunte de PIB y tensiones fiscales en Latinoamérica y Caribe

La Habana (PL) La región latinoamericana y caribeña espera para 2018 un ligero repunte económico, pero la inversión y el gasto públicos tendrán un menor aporte al crecimiento del PIB debido a procesos de consolidación fiscal, advierten expertos.
Como promedio, el Producto Interno Bruto (PIB) del área podría registrar una expansión de 2,2 por ciento, luego de ascender 1,2 puntos porcentuales el año pasado, según las más recientes estimaciones de Naciones Unidas.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el mayor dinamismo de las demandas externas e internas impulsará las producciones de bienes y servicios, mientras el aporte de la inversión, aunque seguirá siendo bajo, deberá aumentar en comparación con años anteriores.
A semejanza de etapas precedentes, el comportamiento del PIB denotará dinámicas heterogéneas entre países y subregiones: para América del Sur, se calcula un alza de dos por ciento tras el 0,8 registrado en 2017; en tanto, Centroamérica podría lograr una tasa de crecimiento de 3,6 por ciento, superior al 3,4 del año pasado.
Entre los países latinoamericanos, Panamá liderará la expansión con 5,6 por ciento, seguida de la República Dominicana (5,0) y Nicaragua (5,0), consideró la agencia de Naciones Unidas.
Para el Caribe de habla inglesa, el auge promedio podría llegar a 1,4 puntos porcentuales, por encima del 0,1 que evidenciaron en 2017, aunque el conjunto de la región enfrentará  «importantes incertidumbres relativas a las tendencias proteccionistas, la dinámica financiera y riesgos geopolíticos».
En opinión del organismo, el panorama fiscal de la zona exhibe diversas complicaciones en medio de procesos de consolidación fiscal que mejoraron el resultado primario de algunos estados, mientras en otros persisten elevados déficits.
El progreso en materia fiscal y el despegue de la actividad económica, indicó la fuente, atenuaron el alza del endeudamiento: la deuda pública bruta de América Latina alcanzó  38,4 por ciento del PIB en 2017, cifra que representó una subida de 0,7 puntos porcentuales del PIB en relación con 2016, cuando se ubicó en 37,6 por ciento.
Dentro del Caribe la deuda pública de los gobiernos centrales alcanzó 70,9 por ciento del PIB, lo que supone una reducción de 1,5 puntos porcentuales en relación con 2016 (72,5 por ciento del PIB), precisó el análisis.
A cuenta de la austeridad, agregó, en 2017 hubo una rebaja generalizada del gasto corriente primario en toda la región; en cambio, los pagos de intereses aumentaron debido principalmente a la evolución de la deuda pública.
También resulta  preocupante el recorte de los gastos de capital en varios países, lo que condujo a una caída de estas erogaciones para el conjunto de América Latina del 3,7 por ciento del PIB en 2016 al 3,5 en 2017.
La merma en la inversión pública durante los últimos años «tendrá efectos más allá del corto plazo», ello «reafirma la importancia de adoptar medidas de protección de estos gastos para que no sean utilizados como el principal instrumento de ajuste», aconsejó la institución.
De cara al desarrollo sostenible, la movilización de recursos internos también debería ganar relevancia. Sin embargo, el saldo en la mayoría de los territorios resulta inferior al potencial, no solo por deficiencias en el diseño y la administración de los tributos, sino también debido a la elevada evasión impositiva y los cuantiosos gastos tributarios.   El impuesto a la renta personal, ilustró el reporte, continúa siendo «el talón de Aquiles de los sistemas tributarios de la región», con una recaudación del 1,8 por ciento del PIB en 2015 para los países de América Latina frente al 8,4 del PIB en los estados miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Todo ello, sustentó, conduce a otro gran déficit regional: «la escasa capacidad redistributiva de la tributación, con estructuras tributarias dominadas por impuestos indirectos regresivos en una región como América Latina, que continúa siendo la más desigual del planeta».
Ampliar la base impositiva y mejorar el diseño del sistema tributario, fortalecer la administración de los impuestos y eliminar las vías para la elusión y la evasión fiscales resultan tareas clave para mejorar el financiamiento del desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo en el área, apreció la Comisión.
Aunque la desigualdad económica decreció de manera considerable a lo largo de los últimos 15 años, las estadísticas muestran que 11 países del área se encuentran entre los 20 más inequitativos del orbe, confirmó la entidad de Naciones Unidas.
Lo anterior remarca la trascendencia de las políticas fiscales a la hora de incidir sobre la distribución del ingreso que determinan las fuerzas del mercado. Por un lado, indicó la Cepal, pueden capturar los recursos necesarios para el gasto público en sus principales funciones, entre ellas proveer salud, educación, sanidad y asistencia social.
Por otro, y de manera complementaria, los sistemas tributarios pueden diseñarse para exigir más esfuerzo relativo a los contribuyentes con mayores recursos económicos, es decir, «a los que pueden tener un impacto progresivo sobre la distribución del ingreso».
Sin embargo, afirmó la pesquisa, «en América Latina la política fiscal continúa desempeñando un papel limitado a la hora de mejorar la distribución del ingreso disponible».
Los contribuyentes más ricos soportan, en la práctica, una carga impositiva que resulta muy inferior a la que surgiría de aplicar las tasas legales máximas que establece la legislación tributaria, ejemplificó.
Además, «el gran número de exenciones, deducciones personales y gastos tributarios (especialmente en cuanto a las rentas de capital) erosiona la base imponible del tributo y, por lo tanto, hace que disminuya la cantidad de recursos recaudados».
Aunque hay claras diferencias entre países, el 61por ciento en promedio de la reducción del coeficiente de Gini en América Latina proviene de las transferencias públicas en efectivo, mientras solo un tercio de este escaso impacto redistributivo tiene su origen en la tributación, argumentó la institución.
Desde la óptica de la eficiencia económica, insistió el organismo, la base imponible de los principales impuestos aplicados en la zona -sobre el valor agregado (IVA) y la renta (ISR)- «adolece de graves limitaciones o filtraciones a causa de la existencia de múltiples tratamientos especiales que suelen tomar la forma de exenciones, deducciones, diferimientos y alícuotas reducidas».
Otro problema persistente, opinó, es la falta de evaluación sistemática de los efectos económicos sectoriales y globales que estos tratamientos diferenciales provocan.
A la luz de los hechos, las finanzas públicas están expuestas a múltiples riesgos: en 2015,  calculó la Cepal, la evasión tributaria del IVA ascendió a un monto equivalente al 2,4 por ciento del PIB regional y a 4,3 puntos porcentuales en el caso del ISR, lo que sumó alrededor de 340 mil millones de dólares.
Tampoco puede pasarse por alto la dimensión internacional del asunto: las evidencias dan cuenta de enormes flujos de capital transferidos de los países de origen hacia otras jurisdicciones para sacar provecho de ventajas tributarias y legales.
A causa de las salidas financieras ilícitas, América Latina y el Caribe pierde actualmente ingresos fiscales cercanos al 0,5 por ciento del PIB; es decir, unos 31 mil millones de dólares anuales, lo que equivale a entre 10 y 15 por ciento de la recaudación efectiva del ISR corporativo, denunció la Cepal.
Con vistas a disminuir la evasión fiscal, es vital fortalecer las atribuciones legales y las capacidades de las administraciones tributarias nacionales para realizar de manera eficaz las inspecciones de las grandes corporaciones multinacionales, valoró la Cepal.
A juicio de la agencia, el peso relativo de los ingresos fiscales por la explotación de recursos naturales no renovables en algunos países obliga también a considerar el funcionamiento del ISR corporativo, sobre todo en lo que respecta al control de las operaciones de las compañías transnacionales.
De igual forma, resulta ineludible considerar una serie de instrumentos innovadores a fin de generar mayores ingresos para el Estado e influir sobre el comportamiento del sector privado.
En relación con esto último, la Cepal propone ampliar la gama de tributos ambientales, desde el impuesto al carbono hasta aquellos que gravan la utilización de bolsas plásticas o la producción de residuos contaminantes, así como la tributación sobre el tabaco y las bebidas azucaradas.
Para mejorar la progresividad de los sistemas tributarios, añadió el informe, también podrían considerarse distintas variantes de impuestos solidarios sobre los ingresos más elevados (por ejemplo, al turismo internacional) y hasta gravámenes como los aplicados a la transmisión gratuita del patrimonio.
Las posibilidades de los países para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, recalcó la Cepal, dependen del éxito de las políticas públicas -en particular las políticas sociales- que se han de implementar en los próximos años.
«Solo a partir de un mecanismo adecuado y oportuno de intervención estatal se podrá cumplir el propósito de la Asamblea General de las Naciones Unidas de avanzar hacia un futuro sostenible que permita una vida digna para todos, sin dejar a nadie atrás», sintetizó la agencia.