Madrid, 29 may (PL) El presidente de Cataluña, Quim Torra, desbloqueo hoy la conformación de su gobierno, al sustituir a cuatro políticos independentistas procesados por su papel en el intento de secesión de esa comunidad autónoma de España.
A través de un decreto, el mandatario decidió este martes reemplazar como consejeros (ministros regionales) a Jordi Turull (Presidencia); Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad); Antoni Comín (Salud) y Lluís Puig (Cultura), designados hace 10 días.
Los dos primeros se encuentran en prisión preventiva en Madrid y los restantes se autoexiliaron en Bélgica en octubre de 2017, luego que el ejecutivo español de Mariano Rajoy cesó al entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, por su plan soberanista.
En lugar de Turull, Rull, Comín y Puig, Torra nombró a cuatro personas que en principio no tienen problemas con la justicia: Laura Borrás, Damiá Calvet, Alba Vergés y María Ángels Chacón.
Además de la destitución de Puigdemont, en virtud del artículo 155 de la Constitución española, Rajoy asumió el control de la rica autonomía, disolvió su parlamento y convocó a elecciones el 21 de diciembre, ganadas nuevamente por las fuerzas secesionistas.
Con su decisión inicial, interpretada como un nuevo desafío a Madrid, Torra restituyó en sus cargos a cuatro de los colaboradores de Puigdemont, defenestrado el 27 de octubre horas después que la cámara catalana proclamó de manera unilateral la ruptura con España.
Turull, Rull y Comín integran la lista de 13 dirigentes acusados de rebelión y malversación de fondos por el Tribunal Supremo español, a raíz de la frustrada declaración de la República de Cataluña.
En el caso de Puig, el alto tribunal lo investiga por presunta desobediencia y malversación de caudales públicos.
Pese a la intención de Torra de celebrar la toma de posesión de sus nuevos consejeros, Rajoy frenó esa posibilidad al no publicar el decreto de sus designaciones en el Diario Oficial de la Generalitat (ejecutivo catalán), requisito indispensable para que fuera efectiva.
El presidente catalán señaló entonces que el gobierno español no podía vetar a su equipo de colaboradores por no existir, a su juicio, obstáculos legales para su investidura, y advirtió con adoptar medidas judiciales si no se publicaba el decreto en los boletines oficiales.
El gubernamental Palacio de La Moncloa, que calificó de provocación la flamante estructura de la Generalitat anunciada el 19 de mayo, denunció que las decisiones de Torra eran una estrategia de confrontación con el Estado y con la mayoría de la sociedad catalana.
La sustitución de los independentistas procesados por otros políticos sin cargas judiciales debe dar paso al fin de la intervención de las instituciones catalanas por parte de La Moncloa, iniciada hace siete meses al amparo del polémico artículo 155.
Presidente catalán desbloquea formación de gobierno regional
