Lima, 12 jun (PLO El expresidente peruano Alan García intenta evitar que un drástico fiscal lo investigue por lavado de activos, se informó hoy, mientras el gobierno cesó a la también indagada embajadora en el Reino Unido, Susana de la Puente.
El exmandatario (1985-90 y 2006-11), que pregona inocencia y disposición plena a ser investigado, presentó a través de sus abogados, según el diario El Comercio, diversos recursos para que el fiscal José Pérez sea retirado de la pesquisa ya iniciada.
La versión, difundida por el diario El Comercio, está referida al aporte de 200 mil dólares que la empresa brasileña Odebrecht afirma que aportó a la campaña electoral de García de 2006 y que este niega haber recibido.
Pérez inició este mes investigaciones paralelas, a los exgobernantes Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo, así como a los intermediarios que recibieron el dinero, y a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
La intermediaria de Kuczynski, según Odebrecht, fue la banquera y responsable de su campaña de 2016, Susana de la Puente, a quien el nuevo presidente, Martín Vizcarra, dio un plazo de seis meses para dejar el cargo que le otorgó Kuczynski, al igual que a otros embajadores nombrados sin ser diplomáticos.
Sin embargo, tras anunciarse que es investigada, un decreto de Vizcarra difundido hoy da por terminada la misión de la banquera neoliberal, sin mencionar la indagación.
Entretanto los esfuerzos de García por evitar que Pérez lo investigue incluyen acusaciones de carencia de imparcialidad y hasta de animadversión del fiscal hacia quien es hoy, según las encuestas, el exgobernante más corrupto y el político más impopular.
Uno de los recursos presentados al Ministerio Público sostiene que Pérez carece de imparcialidad por evitar que un abogado de García asista a los interrogatorios a los exejecutivos de Odebrecht Marcelo Odebrecht y Jorge Barata y les hizo 20 preguntas sobre el exmandatario, cuando no era investigado.
En esos interrogatorios Barata dijo que Odebrecht aportó 200 mil dólares a la campaña de García de 2006, a través de quien fuera ministro de su primer gobierno, Luis Alva Castro.
Los abogado del exgobernante presentaron, además, una queja contra Pérez porque en 2014 abrió una investigación preliminar a García por una queja de una ciudadana que acusaba a este de haberla despojado de dos propiedades, lo que, según la defensa, supuestamente evidencia una supuesta animadversión a García.
Los defensores han presentado otros dos reclamos para excluir a Pérez, quien se ha hecho conocido por decisiones drásticas, como las de allanar las casas de los intermediarios que recibieron, según Odebrecht, un millón de dólares para la campaña electoral de la neoliberal Keiko Fujimori.
Pérez allanó, además, locales del partido de Fujimori, Fuerza Popular (FP) y ha rechazado en forma enérgica ataques y hasta un interrogatorio hostil de congresistas de ese partidos.
Entretanto, el expresidente Kuczynski permanece impedido de salir del país por una investigación referida a sus vínculos de negocios con Odebrecht que en marzo pasado lo obligaron, junto a un escándalo político, a renunciar y ser reemplazado por Vizcarra.
Por su parte, Toledo vive prófugo en Estados Unidos, país al que la justicia peruana ha solicitado su extradición para ser juzgado porque Odebrecht ha acreditado que le pagó un soborno de 20 millones de dólares a cambio del contrato de una obra vial.
Expresidente de Perú intenta cambio de fiscal que lo investiga
