Por Maitte Marrero Canda
Guatemala, 1 sep (PL) La semana que concluye hoy auguraba un cierre de tensa calma en Guatemala, pero todo cambió cuando el presidente Jimmy Morales anunció apresuradamente que cancelaría el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig).
Tras 11 años de presencia en este país centroamericano, por decisión soberana de sucesivos presidentes incluido Morales, el ente internacional que ha jugado un papel clave en la lucha contra la corrupción de conjunto con el Ministerio Público (MP) deberá retirarse el 3 de septiembre de 2019.
La decisión pareciera comprensible y no levantaría tantas suspicacias y preocupaciones, si no se diera en un contexto de evidente retroceso en el apoyo del Gobierno hacia el desempeño de la Cicig desde el pasado año y con un nuevo proceso de antejuicio contra el Jefe de Estado en manos del Congreso.
Custodiado por un bloque cerrado de más de 60 oficiales militares y solo tres miembros de su Ejecutivo, la imagen de Morales para comunicar al pueblo su resolución recordó a muchos el sabor amargo de la convulsiva década golpista de 1980.
La presencia de esa fuerza era injustificada y se prestó a otras interpretaciones, alertó el diario Prensa Libre en su editorial de este sábado, al destacar que «la vendetta de Jimmy Morales sobre la entidad que más estrechó el cerco de la justicia sobre los máximos íconos de corrupción en Guatemala se materializó de la peor manera posible».
En parte se refiere al sorpresivo anuncio en conferencia de prensa, pero también a desagradables rumores sobre el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, y a escenas preocupantes como el movimiento de carros militares por los alrededores de la sede de la institución en este país.
También genera muchas dudas el hecho de que por más que se quiera inscribir la decisión en el marco constitucional, ocurra precisamente cuando el MP y el ente de la ONU solicitaron desaforar a Morales por presunto financiamiento ilícito durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder.
Los sucesos de este 31 de agosto son casi una repetición de la puja que comenzó el mandatario contra Velásquez el 27 de agosto del pasado año, cuando otra petición de antejuicio por el mismo presunto delito desató una crisis social, política e institucional cuyas consecuencias aún son palpables.
Entonces, en un mensaje a la nación, Morales decretó persona no grata al comisionado colombiano e intentó su expulsión de Guatemala, la cual no se concretó por una resolución de la Corte de Constitucionalidad.
A partir del 4 de septiembre de 2017, los sucesos se desencadenaron. La Corte Suprema de Justicia autorizó investigar al gobernante; el Congreso elige una Comisión para examinar el expediente acusatorio, y propone finalmente a los diputados quitarle el fuero.
El 11 de ese mismo mes, 104 legisladores arropan a Morales; dos días después intentan aprobar decretos que benefician las penas -casualmente-, para los acusados de financiamiento electoral ilícito.
El pueblo colma la Plaza de la Constitución denunciando el llamado Pacto de Corruptos, un Paro nacional llama la atención internacional, y otra votación en el Hemiciclo vuelve a respaldar al actor-comediante que llegó al poder con el lema «Ni corrupto ni ladrón».
En medio de toda esa efervescencia política, Morales sustituye a su ministro de Relaciones Exteriores por no cumplir la orden de expulsar al jefe de la Cicig, y poco después los titulares de Gobernación, Finanzas y Trabajo presentan su renuncia en cascada.
Este 31 de agosto, el Presidente puso fin al encontronazo personal que mantuvo, y mantiene, en un hilo la estabilidad de su gobierno. Ahora no jugó la carta de una nueva expulsión de Velásquez, a quien por cierto pronto se le vencía la visa, sino que apostó el mazo completo.
Recién comienza septiembre, y el escenario parece listo para nuevas tormentas a solo tres meses de que el Tribunal Supremo Electoral convoque a comicios.
Muy pocos apuestan a que el Congreso le levante la inmunidad a Morales, pero la lucha de partidos para perpetuar el transfuguismo, lograr que algunos no sean cancelados, y la recomposición de fuerzas que se vislumbra, prometen un cierre de año tan tumultuoso como el de 2017.