Guatemala (PL) Sin presión de tiempo, una comisión pesquisidora del Congreso comenzó el estudio del expediente de antejuicio que pone nuevamente contra la pared al presidente guatemalteco, Jimmy Morales, por presunto financiamiento ilícito.
La elección de los cinco diputados por sorteo, a ritmo de tómbola, pareció más una fiesta que un «momento complicado en la vida política de este país», como expresaron más tarde sus integrantes, al ver coincidir sus nombres en el número de la bola en juego.
Ni siquiera un hecho de magnitud internacional, por involucrar al Jefe de Estado, logró que los congresistas llegaran temprano al hemiciclo para abrir la sesión del 28 de agosto último, pactada a las 14:00 hora local.
Solo cinco legisladores, de 158, estaban al momento fijado; 30 minutos después sumaban 28, cifra que subió a poco más de 100 en el momento clave, transcurrida más de una hora.
Las imágenes divulgadas por la prensa local reforzaron el mensaje de jolgorio para algunos -entre ellos, el presidente del Congreso, Álvaro Arzú-, y de preocupación para otros.
Javier Hernández, jefe de bancada del oficialista Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación), no pudo ocultar su desespero cada vez que dejaba de girar la tómbola, ante las primeras evidencias de una mayoría opositora en la comisión.
Finalmente, un integrante del partido que llevó a Morales al poder durante la campaña de 2015 logró entrar en la prueba de las bolitas, considerada por muchos como una brasa caliente en el momento político actual.
El punto número cuatro de la orden del día terminó con abrazos y apretones de mano para el presidente, Luis Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala; el secretario Carlos Santiago Nájera, de la Unidad Nacional de la Esperanza; y los vocales Fidel Reyes Lee, también de esa agrupación, junto a Rudy Pereira del FCN-Nación, y el independiente Boris España.
«Vamos a ser correctos, ecuánimes y sobre todo transparentes en este momento complicado», expresó Montenegro en conferencia de prensa, donde insistió en que por Ley tienen 60 días para presentar el informe de recomendación sobre si procede o no el desafuero del Presidente.
El proceso apenas comienza y los guatemaltecos ya saben el procedimiento casi de memoria: la Pesquisidora estudia el expediente, recaba información de la Fiscalía, convoca a las partes involucradas, y con todos los elementos procederá a redactar el informe que presentará al Legislativo.
OTRO ROUND EN EL CONGRESO
Morales es señalado por segunda ocasión de presunto financiamiento electoral anónimo por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que el 10 de agosto pasado solicitaron privarlo de su inmunidad para investigarlo judicialmente.
Un proceso similar no prosperó a principios de septiembre de 2017, cuando el Congreso arropó al mandatario en medio de una crisis política e institucional sin precedentes a raíz de su enfrentamiento contra el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, a quien declaró persona no grata y acusó de perseguirlo políticamente a él y a su familia.
Entonces la ciudadanía se volcó a las calles para exigir la salida del gobernante y la depuración del Legislativo, acusado de favorecer un pacto de corruptos para la aprobación de decretos que disminuían las penas -casualmente- de los procesados por financiamiento electoral ilícito.
Ahora, otra vez la red de las contribuciones anónimas envuelve a Morales, a quien se le acusa de no declarar al Tribunal Supremo Electoral la suma de 7,9 millones de quetzales (un poco más de un millón de dólares) en su condición de Secretario General del FCN-Nación.
Los aportes financieros fueron confirmados públicamente, en abril pasado, por varios empresarios, al pedir disculpas a la nación y estar dispuestos a ser procesados por la transgresión de las normas, algo tan tradicional en este país, que pareciera no tener importancia si los fines lo justifican.
El apoyo económico correspondería no solo al pago de los fiscales de mesa durante la primera y segunda vuelta electorales de 2015, sino además a impresión de volantes y capacitaciones para los hoy presidente y vicepresidente de la nación.
Morales insiste públicamente en que obtuvo el respaldo popular en las urnas «con la campaña más austera de la historia», pues de hecho el lema «ni corrupto ni ladrón» ganó el voto de una ciudadanía hastiada por los desmanes que llevaron a la salida del poder a Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, hoy sometidos a un proceso judicial casi interminable.
Sin embargo, una calma aparente domina esta vez el escenario político, a las puertas de una nueva contienda electoral en 2019.
A cuatro meses para arrancar la campaña, no parece probable que el Congreso apruebe quitarle la inmunidad a Morales aunque la comisión pesquisidora lo recomiende, según expertos.
Dictaminar lo contrario sería tapar el sol con un dedo, o mostrar un grado de cinismo que no les conviene.
Pero que prospere la recomendación en el Congreso es harina de otro costal. Algunos de sus miembros, incluidos directivos, enfrentan procesos judiciales por casos de corrupción o podrían verse involucrados en un futuro cercano.
Es más, los partidos integrantes de la Pesquisidora, Encuentro por Guatemala y el propio FCN-Nación podrían ser cancelados en los próximos meses a petición de la Fiscalía por el mismo delito electoral.
A esta altura del año, los diputados parecen más preocupados en modificar un artículo de la nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos para que el transfuguismo siga imperando y garantizar así su reelección, ventajas y comodidades, ante un visible reacomodo de fuerzas por el nacimiento de otras agrupaciones llamadas a cambiar el escenario que se avecina.
Así las cosas, septiembre será otro mes de pesadilla para el actor-comediante que asumió la presidencia el 14 de enero de 2016 y ha visto debilitarse su Gobierno y popularidad en menos de dos años al oponerse, más que todo, al avance de la lucha contra la corrupción que defendió en su campaña.