Washington, 2 oct (PL) Una demanda busca hoy impedir que el presidente estadounidense, Donald Trump, envíe mensajes de alerta directamente a los teléfonos celulares del país bajo un nuevo sistema de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
De acuerdo con el portal Politico, tres personas de Nueva York -J.B. Nicholas, Kristine Rakowsky y Liane Nikitovich-, presentaron una acción legal la semana pasada contra ese mecanismo de alerta, cuya primera prueba está prevista para mañana a las 14:18, hora local, de esta capital.
Los demandantes argumentaron ante un tribunal federal que el proyecto viola sus derechos a la libertad de expresión y que también actuaría como una incautación inconstitucional de sus teléfonos celulares.
Ellos consideran que el nuevo sistema convertiría sus dispositivos electrónicos en «altavoces gubernamentales» para que Trump y otros en la administración promuevan su propaganda.
Según información de la FEMA, más de 100 operadores de telefonía móvil participarán en el programa bautizado como Alertas Inalámbricas de Emergencia, que es parte del desarrollo regular del Sistema de Alerta de Emergencia, heredado de administraciones anteriores.
Tal mecanismo se utiliza para advertir al público sobre el clima peligroso, amenazas de seguridad o niños desaparecidos, entre otras urgencias, y en el ensayo previsto para mañana miércoles debe leerse un mensaje con el encabezado de Alerta presidencial.
Los usuarios de teléfonos celulares no pueden optar por no recibir las comunicaciones, de acuerdo con la Ley de la Red de advertencia, alerta y respuesta aprobada por el Congreso en 2006.
Al mismo tiempo, la Ley de modernización del sistema de advertencia y alerta pública integrada de 2015 estableció que el programa no se utilizará para transmitir un mensaje que no esté relacionado con un desastre natural, un acto de terrorismo, otro desastre provocado por el hombre o amenaza a la seguridad pública.
Pero Nicholas, Rakowsky y Nikitovich manifestaron en la demanda que los criterios establecidos en esa ley son «inconstitucionalmente vagos».
Sin definiciones más específicas, los funcionarios, incluido el presidente Trump, son libres de determinar qué es un «acto de terrorismo» y «amenaza a la seguridad pública» según lo consideren adecuado, y pueden transmitir mensajes arbitrarios, sesgados e irracionales, sostuvieron.