El líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que aunque las propuestas de reforma del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se justifican en la necesidad de erradicar la corrupción, no garantizan un correcto ejercicio de los recursos públicos.
El panista consideró que más que un rediseño, la Iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que presentó Morena significa un retroceso y viola los artículos 40, 115 y 124 de la Constitución Política mexicana.
La figura de los “súper delegados” que se propone atenta contra la soberanía estatal y la autonomía municipal, pues aunque los estados pueden organizarse y limitarse en todo lo que se refiere a su régimen interior, esto no significa que deban estar organizados y limitados por una voluntad diferente de modo absoluto.
El coordinador de los diputados panistas refirió que otra de las propuestas es la eliminación de las oficialías mayores de todas las dependencias, -a excepción de la Secretarías de la Defensa y de Marina-, que serán reemplazadas por Unidades de Administración y Finanzas, cuyos titulares serían designados o removidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La virtual aprobación de la propuesta genera un amplio espacio de poder al titular de la SHCP, lo cual resulta riesgoso, estimó Romero Hicks, del Partido Acción Nacional (PAN).
Se cuestionan iniciativas
Aunque la propuesta se justifica en la necesidad de erradicar la corrupción, nombrar directamente a los titulares de las unidades no garantiza, por sí sola, un correcto ejercicio de recursos públicos, ni en las cuestiones de planeación, programación, presupuesto, informática, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad y archivos, pues estos temas deberán atenderse conforme a las necesidades que presente cada dependencia, aseveró en un comunicado.
En la iniciativa se otorgan atribuciones de fiscalización de recursos públicos a la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero esto implicaría una violación a la facultad de fiscalización que le otorga la Constitución federal al Poder Legislativo a través de la Auditoría Superior de la Federación, añadió.
La iniciativa limita la actuación de la SFP con relación a su facultad de realizar auditorías, ya que señala que sólo lo hará en casos excepcionales, sin que se establezcan cuáles, ni los parámetros para realizar la valoración correspondiente.
Asimismo, elimina del ámbito de regulación y control de la SFP a la Procuraduría General de la República (PGR); sin embargo, para evitar un vacío, es importante mantener la realización de auditorías y control interno a esta dependencia, mientras concluye el proceso legislativo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, momento en el cual ésta se convertirá en autónoma, concluyó.
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