La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 22 y 73, de la Constitución, en materia de extinción de dominio, que amplía el catálogo de delitos a los cuales se aplicará esta figura.
En la publicación, se señala que la extinción de dominio será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse.
Entre los nuevos delitos incluidos figuran los casos de corrupción, ilícitos cometidos por servidores públicos, trata de personas y robo de combustible.