Lima, 28 abr (Prensa Latina) La indignación reina en Perú tras confirmarse que cuatro expresidentes, exfuncionarios, dirigentes políticos y empresarios, estuvieron involucrados en casos de financiamiento electoral o sobornos de la empresa Odebrecht.
Los datos y elementos de contexto sobre la corrupción de esa firma los dio en cuatro días de interrogatorio el exrepresentante de la compañía en Perú, Jorge Barata, aunque los afectados alegan que sus dichos deben ser corroborados, en el país quedan pocas dudas.
Las confesiones de Barata ante fiscales peruanos se refieren a todos los gobiernos de 2001 en adelante y pusieron en serios aprietos, en particular, a la campaña política y mediática que pretende suavizar las normas y la corrupción, aprovechando del impacto causado por el suicidio del exgobernante Alan García.
El neoliberal líder del Partido Aprista se disparó un tiro en la cabeza el 17 de abril, para evitar ser detenido debido a que su entorno recibió sobornos de Odebrecht de los que, según la fiscalía, él sería el verdadero destinatario.
La campaña intentó casi culpar a los fiscales por la muerte y presentar a esta como producto de una despiadada persecución, lo que parece estrellarse con los dichos de Barata.
El brasileño dijo que el secretario de García en su último gobierno (2006-2011), Luis Nava, ya detenido, recibió una coima de cerca de cinco millones de dólares para que fluyan los negocios de Odebrecht y aun está pendiente profundizar en las coimas pagadas por cada proyecto de infraestructura delizado por la empresa.
También señaló que tratar con Nava era como hacerlo con García y que este le dijo que sabía que Odebrecht había sobornado a su antecesor, el también neoliberal Alejandro Toledo, quien recibió 31 millones de dólares por dos tramos de una carretera.
Además refirió que el dirigente aprista Luis Alva le pidió en nombre de García 200 mil dólares para la campaña en la que este fue elegido por última vez; aunque los apristas que insisten en al inocencia de su finado jefe alegan que tanto Nava como Alva actuaron por cuenta propia y deben responder por ello.
Tanto Nava como el empresario Miguel Atala y otros involucrados, detenidos en la operación en la que se suicidó García, siguen siendo investigados, por lo que las indagaciones no se interrumpirán por la muerte del exgobernante.
Barata sostuvo igualmente que el sucesor de García, Ollanta Humala, fue respaldado por Odebrecht con tres millones de dólares para su campaña electoral, y hasta le agradeció, pero Barata negó haber recibido beneficio alguno a cambio y haber pagado sobornos por importantes obras realizadas bajo ese gobierno (2011-16).
Pese a ello, la fiscalía dice tener casi lista la acusación contra Humala por lavado de dinero y señala que es caso más avanzado, el juicio contra el exmandatario y suesposa, Nadine Heredia, por lavado de activos y otros presuntos delitos, aún no se inicia.
El ejecutivo brasileño también confirmó que aportó 300 mil dólares a la campaña del expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, a través de la economista y lobista (cabildera) de negocios Susana de la Puente.
Kuczynski ha sido sometido a prisión domiciliaria por otro entuerto con Odebrecht: cobró cerca de cinco millones de dólares que terminaron en su cuentapersonal, por servicios de consultoría financiera sobre proyectos contratados con la firma brasileña cuando él era ministro y habría usado su poder para viabilizar esas obras.
A esos casos se suma el de la excandidata presidencial socialcristiana, Lourdes Flores, neoliberal y cuyo allegado político Horacio Cánepa recibió en su nombre, según Barata, 200 mil dólares para su campaña electoral -fracasada, como otras- de 2006.
Según Barata, Cánepa, cuadro del conservador Partido Popular Cristiano (PPC), de Flores, y que oficiaba como árbitro de litigios con el Estado, cobró un millón 440 mil dólares por favorecer a Odebrecht en diferendos que significaron perjuicio por cientos de millones de dólares para el país.
Las delaciones del ex hombre fuerte de la empresa en Perú dan cuenta también de sobornos al menos a dos presidentes (gobernadores) de las regiones peruanas de Cusco y Áncash, respectivamente Jorge Acurio y César Álvarez.
Entre otros casos, sigue bajo investigación el esclarecimiento de coimas cobradas por el exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, y otros funcionarios, por el contrato y la ejecución del tren eléctrico de Lima, tema por el que están en prisión preventiva.
Por el mismo motivo está detenido el exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, funcionario de confianza de García y distanciado de este en los últimos años.
Barata también confesó que desde hace muchos años funciona en Perú el llamado «club de la construcción», que mediante coimas a organismos públicos se repartían las obras estatales, sobre todo viales.
El analista Carlos Monge apuntó que el hasta hace poco ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, admitió que 61 empresas de ese bloque siguen firmando contratos con el Estado.
«El huaico anticorrupción ha arrasado con casi toda la clase política peruana. Ahora parece tocarle el turno al sector empresarial de la construcción», señaló Monge.
El movimiento progresista Nuevo Perú, a su vez, advirtió que los juicios y sanciones no acabarán con la corrupción, pues no es casual que los cinco últimos gobernantes elegidos estén involucrados en casos de corrupción, pues esta es propiciada por las reglas de juego del modelo neoliberal, y la clave está en cambiar esas reglas.
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