Pese a las promesas de acelerar los procesos, la Fiscalía General de la República tarda en promedio tres meses y medio en judicializar los diez delitos que estableció como prioritarios en su Plan de Persecución Penal, el cual entregó al Senado en enero.
En el proyecto, la dependencia priorizó como número uno el delito de la corrupción, no obstante, en este caso particular el Ministerio Público de la Federación tarda hasta 134 días en consignar ante un juez la carpeta de investigación.
En delitos ambientales y vinculados a la violación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, las indagatorias llevan un curso de hasta cinco meses.