La Paz, 1 abr (Prensa Latina) El Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia evalúa hoy un posible juicio contra la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, por violar los derechos humanos de connacionales varados en Chile al cerrar las fronteras por la Covid-19.
Más de 300 ciudadanos bolivianos se encuentran en la localidad chilena de Huara (norte), la mayoría en condiciones precarias, ante la imposibilidad de viajar a su país, una medida adoptada desde la semana pasada por el gobierno de Áñez para evitar la propagación del nuevo coronavirus.
La diputada del MAS Sonia Brito declaró que están considerando procesar a la mandataria de facto por violación flagrante de los derechos humanos, una decisión que, a su juicio, deja mal parado al país suramericano a nivel internacional.
«Nos parece absolutamente discriminatoria, racista, inhumana esta decisión que no se la vamos a admitir a la presidenta. Si les pasa algo a la gente que está en la frontera es absoluta responsabilidad de la señora Áñez», enfatizó Brito.
Precisó que una vez concluido el periodo de cuarentena serán activados los mecanismos de investigación para conocer las razones del Ejecutivo para no habilitar vuelos humanitarios que permitieran el ingreso de los ciudadanos bolivianos concentrados en territorio chileno.
Asimismo, denunció que familiares del ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, y la periodista Ximena Galaza, afín con el régimen golpista, fueron favorecidos con el ingreso al país, así como el trámite de varias solicitudes del gobierno de Estados Unidos para la entrada y salida de personal de su embajada en La Paz.
La canciller del gobierno de facto, Karen Longaric, informó en su cuenta de Twitter el 30 de marzo que «por decisión presidencial, las fronteras del país se mantienen cerradas y se suspende la repatriación de los compatriotas bolivianos varados en Huara, Chile. El ministerio de Defensa tomará los recaudos para garantizar ayuda humanitaria a nuestros compatriotas».
El anuncio, según expertos, constituye una violación de la Constitución Política del Estado que en los artículos ocho, 10, 16, 22 y 23 establece la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, además de cumplir con los protocolos de salud para el retorno seguro en este tipo de casos.