Bogotá, 11 may (Prensa Latina) Autoridades del departamento colombiano del Meta informaron hoy que subió a 856 la cifra de casos confirmados de Covid-19 en la cárcel de Villavicencio, mientras diferentes voces insisten en medidas contra el hacinamiento en los centros penitenciarios.
Entre los contagiados se encuentran guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), personal de salud, cocineros e internos, que registran la cifra más alta de contagiados.
Desde hace varias semanas, antes de conocerse caso alguno en las cárceles, diferentes voces insisten en la necesidad de tomar medidas efectivas en esos centros, al señalar el riesgo que supone el hacinamiento en el contexto de la pandemia de Covid-19.
En Colombia hay más de 120 mil seres humanos -madres, padres, abuelos, abuelas, hijos y hermanos que por sus transgresiones contra las reglas de la sociedad están purgando condenas o esperando que concluyan sus procesos judiciales, manifestó al respecto Alberto Brunori, representante aquí de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
El análisis de nuestra oficina, realizado a partir de la información publicada por el Inpec, permite afirmar que los 132 establecimientos carcelarios del país, tienen capacidad para albergar 80 mil 928 personas, detalló al intervenir en la Comisión de Paz del Senado.
Actualmente se encuentran 123 mil 349 personas privadas de libertad, (condenados 80 mil 662 hombres y cinco mil 845 mujeres, sindicados 33 mil 571 hombres y dos mil 796 mujeres), es decir, hay una tasa de hacinamiento del 52,42 por ciento, puntualizó.
Según Brunori, «esta situación se torna aún más grave a partir de las condiciones inhumanas de las seis mil 822 personas privadas de libertad en los Centros de Detención Transitoria del país, ubicados en 239 Estaciones de Policía de 20 departamentos, situación para la cual la Corte Constitucional, el 26 de marzo, ordenó medidas cautelares».
Dichos Centros registran una sobrepoblación de tres mil 883 personas, es decir un hacinamiento del 132,12, acotó.
Los problemas que más aquejan a las personas privadas de libertad, están relacionados con la débil garantía del derecho al agua potable, a la salud, a la alimentación adecuada y medidas específicas para proteger el derecho a la vida e integridad personal, en atención a la pandemia de Covid-19, subrayó.
En tal sentido, invitó a las autoridades penitenciarias a que apliquen y desarrollen los estándares básicos de derechos humanos para las personas bajo su jurisdicción, así como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.