México, 17 jul (Prensa Latina) El regreso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, extraditado desde España tras permanecer prófugo de la justicia mexicana desde el año pasado, provoca un gran nerviosismo en sectores políticos afines al reo.
El asunto radica en que Lozoya declaró desde Málaga, donde estaba preso, que ayudará a la Fiscalía General de la República en el esclarecimiento de grandes hechos delictivos que hicieron gran daño a México no solamente a sus finanzas, sino también a su prestigio.
Hay evidente miedo de lo que Lozoya revelará sobre los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, la compra fraudulenta de una fábrica de fertilizantes nitrogenados, la famosa Estafa Mayor y todo lo concerniente a la denominada reforma energética, pensada para liquidar a Pemex, y la Comisión Federal de Energía para dejar el sector en manos de la empresa privada.
Los ilícitos de Lozoya involucran directamente al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI); pero, el anterior de Felipe Calderón (2006-2012) no escapa de la oleada anticorrupción que estremece a México.
En espera de la extradición están también Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública y brazo derecho de Calderón en la guerra contra el narcotráfico y las tareas de seguridad.
Este personaje, a quien se le atribuyen más de una decena de delitos financieros multimillonarios, está preso y enfrenta un juicio en Nueva York por vínculos con el Cártel de Sinaloa, proceso en el que existe la posibilidad de que mencione a Calderón en sus fechorías, aunque el exmandatario intenta deslindarse de él a pesar de haber sido su único jefe.
Otro extraditable es César Duarte, exgobernador de Chihuahua por el PRI que vació las arcas fiscales (se le achaca el robo de 54 millones de dólares), el cual es acusado de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de algunos fideicomisos y contratación de deuda pública para el estado.
También se le acusa de incurrir en desvíos de recursos hacia los fondos del PRI, con el objetivo de financiar a sus candidatos a cargos públicos.
Un extraditable importante es Tomás Zerón, radicado en Canadá, exsecretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, el cual es acusado por ilícitos financieros, además de ser torturador e inventor de las mentiras sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, irónicamente conocidas como «verdad histórica», para proteger al cártel Guerreros Unidos, hecho que involucra a Peña Nieto.
Respecto a Lozoya, el temor a que hable alcanza a decenas de funcionarios, políticos, empresarios y gente pública que posiblemente sumen más de un centenar, algunos de los cuales ya hacen declaraciones para deslindarse del reo.
Solamente en la Estafa Maestra, cuando se entregaron más de 350 millones de dólares en contratos ilegales, participaron 11 dependencias federales, ocho universidades, más de 50 funcionarios y 186 empresas, según fuentes del gobierno federal.
El senador de Morena, Ricardo Monreal, declaró que el arribo de Lozoya a México provoca un «temblor político» por lo que pueda revelar sobre la reforma energética de Peña Nieto y el Pacto por México, relacionado con la estafa.
El actual presidente Manuel López Obrador se refirió al tema en su conferencia matutina y aseguró que «es de dominio público que hubo mucha corrupción en Pemex» el sexenio pasado como lo demuestran los casos Odebrecht y los sobreprecios en diversas compras, entre ellas la planta de fertilizantes.
El único priista que ayer asomó cabeza fue el expresidente de la Comisión de Energía en el Senado y principal artífice político de la reforma energética, David Penchyna, quien dijo que no hablará hasta conocer los detalles del asunto.
El exlíder de Pemex recibió hasta 9,15 millones de dólares de la empresa Odebrecht y 3,75 de AHMSA por la compra de la fábrica de fertilizantes a un sobreprecio cercano a los 500 millones de dólares cuando estaba valuada entre 50 y 240 millones, según los documentos que obran en la fiscalía.
A pesar de que es casi imposible desligarlos de los cuatro extraditables, como se les llaman aquí, López Obrador reiteró su criterio de que es más beneficioso no involucrar judicialmente a Calderón y Peña Nieto, y que lo más importante es estigmatizar la corrupción y al corrupto y no rendirles pleitesías.