La joven médico pasante Mariana Sánchez, abandonada e ignorada por el fiscal general del estado, el secretario de salud y el rector de la UNACH, tenía un futuro prometedor a sus 24 años.
A Mariana la mató la omisión institucional, el dolor, la rabia y la depresión después de haber sido abusada sin que ninguna autoridad estatal le ofreciera ayuda y justicia.
Insisto en que NINGUNA autoridad responsable le brindó ayuda, ni psicológica ni emocional. Mariana sufrió discriminación institucional por ser joven y mujer.
Su crimen quedará impune como muchos otros por la ineptitud de Olaf Gómez Hernández, quien debió ser separado del cargo inmediatamente, pues un día antes también fueron ejecutadas seis personas en Ixhuatán.
A Mariana le robaron su juventud, le arrancaron sus sueños, le privaron su libertad, le secuestraron sus sueños y la mató el Estado.
En su caso, existieron graves omisiones estatales que la llevaron a su muerte.
José Manuel Cruz Castellanos, el médico criminal que despacha como secretario de salud, estaba enterado del asunto pero ordenó que el caso de Mariana no saliera a la luz pública porque podría perjudicar su candidatura a una diputación local.
Su odio a las mujeres talentosas por no haber nacido mujer, lo exhibió anteriormente cuando de forma grosera y cobarde, intentó minimizar la inteligencia de una brillante periodista el año pasado.
Cruz Castellanos ha mentido y exhibido brutalmente su ignorancia en temas de salud. Minimizó la pandemia y por su irresponsabilidad murieron casi un centenar de médicos, enfermeras, camilleros y chóferes que fueron obligados a trabajar sin que se les ofrecieran las herramientas de protección para el COVID.
Hace más de 6 meses que debió haber sido renunciado por su evidente incapacidad. Su diminuto cerebro quedó rebasado por su “arrechura rectal” al proteger a un secuestrador que tiene como parte de su staff y ahora impulsa para una candidatura a la presidencia municipal de Jitotol. Está demás insistir que el también homicida de su primo, es íntimo amigo del secretario de salud.
Olaf Gómez Hernández, fiscal general del Estado, también tuvo conocimiento de la denuncia que presentó Mariana Sánchez para exigir justicia.
Como en muchos casos más que suceden a diario en Chiapas, a Mariana no le creyeron. Seguramente el o la fiscal del ministerio público aplicó el criminal criterio de: “ella se lo buscó por ser bonita”.
Desde que Olaf Gómez asumió como fiscal general, los crímenes han ido en aumento. Robos millonarios, feminicidios y ejecuciones son el pan de cada día.
Mientras Chiapas se convierte en uno de los estados más violentos del país, Gómez Hernández, asegura en boletines que somos el segundo estado con menor índice delictivo en crímenes de alto impacto.
Tal parece que su “arrechura” similar a la del secretario de salud, es más importante que su trabajo en la investigación y persecución de los delitos.
Mientras designa torturadores en la FGE, la procuración de justicia sigue ausente para miles de chiapanecos.
Carlos Natarén Nandayapa, rector de la UNACH, ordenó cobardemente a las autoridades de la facultad de medicina que negaran en un principio que Mariana Sánchez era pasante.
En el transcurso de la mañana, exigió que todo el personal académico y administrativo reprimiera cualquier intento de estudiantes para exigir justicia a Mariana.
El rector de la UNACH, doctor en derecho, intentó minimizar el caso por tratarse de una mujer estudiante de la máxima casa de estudios.
¿Cuántos crímenes se han cometido por la omisión e irresponsabilidad de funcionarios criminales como los que ahora tenemos en Chiapas?
Carlos Eugenio Ruiz Hernández, coordinador general de asesores del ejecutivo del estado, fue maestro y director de la facultad de Medicina. También fue rector de la UNACH.
Decidió guardar silencio en lugar de exigir justicia para una joven como Mariana Sánchez que bien pudo tratarse de su nieta.
En cualquier otra parte del mundo, José Manuel Cruz Castellanos y Olaf Gómez Hernández, por ética profesional ya hubieran presentado su renuncia para ser investigados por su omisión.
Carlos Natarén Nandayapa también hubiera sido separado de su cargo mientras se investiga su participación en la represión ejercida contra estudiantes para que no hicieran efectivo su derecho a la libre manifestación y el ejercicio de su libertad de expresión.
El crimen de Mariana debió haber sido investigado y castigado. Pudo evitarse sin duda alguna pero José Manuel Cruz Castellanos y Olaf Gómez Hernández decidieron que la vida de Mariana Sánchez, joven y talentosa mujer chiapaneca no valía nada.
Por eso, incluso después de la muerte de Mariana, son tan cínicos, sin vergüenzas, indolentes, corruptos, criminales y hasta asesinos por omisión que seguirán ocupando sus cargos respectivos sin ser investigados y hasta encarcelados por (ir)responsabilidad oficial.
A fin de cuentas, la impunidad es el sello que ha caracterizado la historia reciente de Chiapas.