Javier Divany Bárcenas
México, 8 febrero
Senadores y diputados expresaron su preocupación por la iniciativa que presentó el Presidente al Congreso de la Unión para reformar la Industria Eléctrica, pues aseguran que es violatoria de la Constitución y de tratados internacionales firmados por nuestro país, así como significa un retroceso de 50 años para los mexicanos.
En conferencia de prensa virtual, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz indicó que la propuesta es contraria a lo establecido en el T-MEC respecto a no privilegiar los monopolios de las empresas del Estado y señaló que en muy poco tiempo habrá aranceles hacia bienes y servicios que sean producidos con energía sucia.
“Y aquí lo que se pretende es absolutamente privilegiar la energía sucia de CFE, aunque sea más cara. Es falso que el sector privado genere energía más cara, es falso que por culpa del sector privado el gobierno pierda el dinero, lo que pasa es que CFE se queda con la utilidad de lo que le compra al sector privado y en lo que la vende”, explicó.
En su participación, el senador Jesús Horacio González Delgadillo del blanquiazul, indicó que la iniciativa preferente abre las puertas a una expropiación indirecta, atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales y contraviene las garantías de certeza jurídica y de debido proceso.
Insistió, “afectaría gravemente a México, aumentando los precios de productos y servicios, provocando una mayor caída en la inversión nacional y extranjera justo en el momento que requerimos mantener y generar empleos para la recuperación económica”.
Desde la trinchera de la Cámara de Diputados, Cecilia Patrón del Partido Acción Nacional aseguró que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que plantea el Ejecutivo Federal empoderan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero también pretende regresarnos al pasado, al revivir el proceso de generación de electricidad mediante formas altamente contaminantes que ya se estaban erradicando, como la quema de combustóleo.
En el mundo ya se avanza hacia una política energética libre de la contaminación tradicional. En países del Reino Unido ya está asentado que a partir de 2030 se prohibirá la venta de automóviles, basados en gasolina, dando entrada a los vehículos eléctricos. Eso solo es un ejemplo que refleja fielmente cómo la migración de la energía fósil a la energía renovable, y no contaminante, es un hecho.
Explicó que en Yucatán y muchas otras áreas de México de un tiempo para acá la producción de electricidad mediante el aprovechamiento de la energía eólica se ha convertido en una realidad, siendo menos costosa para las familias y empresas mexicanas, y atrayendo inversión privada para aprovechar las condiciones geográficas que permiten su generación.
La reforma presentada el 29 de enero con carácter de preferente por parte del Presidente de la República pretende modificar el mecanismo que regula el despacho de las centrales eléctricas, favoreciendo la colocación y comercialización de la energía generada en plantas de la CFE, frente a los generadores particulares de energía limpias; así como también añadiendo la posibilidad de revocar permisos de autoabastecimiento.
Por otro lado, el diputado del PAN por Baja California Sur, Rigoberto Mares, solicitó a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) revisar los cambios en la regulación energética porque las industrias pagan hasta 700 por ciento más por el servicio.
El panista paceño hizo suya la exigencia del Consejo Nacional Empresarial Turístico que pide no incrementar más el costo de energía y solidarizarse con la industria nacional, afectada a lo largo de estos meses por los semáforos rojos en los destinos turísticos que, si bien, se ha ido levantando el confinamiento, los visitantes son limitados.
El problema, dijo, es que la Comisión de Electricidad elevó precios de conexión entre las plantas y hoteles, lo que provocó que el consumo sea más caro, aun siendo energía limpia y renovable.
Rigoberto Mares apuntó que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica presentadas por López Obrador, también afectarán al sector hotelero porque los altos costos de la electricidad reducen su operatividad y los hace menos competitivos que destinos de otros países que ofrecen turismo.