Redacción
México 18 febrero
En el Instituto Federal de Telecomunicaciones existen áreas de oportunidad y es perfectible; sin embargo, su función es primordial para el país, ya que regula y aplica la política de competencia en un sector altamente complejo, por lo que su eliminación afectaría el avance para lograr la cobertura digital en todo el país, señaló la aspirante a consejera.
La candidata afirmó que la paridad de género en los órganos de gobierno, como el IFT, es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. “Espero servir de ejemplo para que más mujeres capaces y profesionales del ramo decidan participar en las convocatorias y contribuir así a un gobierno más igualitario”.
Así lo señaló ante las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Radio, Televisión y Cinematografía, donde se llevaron a cabo las comparecencias de las personas propuestas para ocupar el cargo de comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Las candidatas propuestas por el titular del Ejecutivo, de una selección realizada por el Comité de Evaluación, son Sayuri Adriana Koike Quintanar y Laura Elizabeth González Sánchez, quienes buscan el cargo de comisionada por un periodo de nueve años.
De ser aprobados estos nombramientos, el tiempo del encargo para González Sánchez empezaría a contar a partir del 1 de marzo de 2021; mientras que Kioke Quintanar, lo hará de manera retroactivo a partir del 1 de marzo de 2020.
En su intervención, Sayuri Adriana Koike Quintanar consideró indispensable que el Instituto ejerza sus funciones en beneficio de las y los mexicanos, y continúe fortaleciendo sus objetivos con el fin de que los usuarios y las audiencias tengan acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión de calidad y a precios asequibles.
Dijo que los principales retos del IFT es establecer los mecanismos que permitan el incremento de dichos servicios en términos de cobertura, calidad y mejores precios, principalmente en las zonas más alejadas y pobres del país.
Por ello, aseveró que en caso de ser ratificada se conducirá con eficiencia, autonomía, independencia, neutralidad, legalidad, objetividad, transparencia, integridad y honestidad, atendiendo el interés general de las y los mexicanos.
A su vez, Laura Elizabeth González Sánchez aseguró que como servidora pública se ha desempeñado bajo los principios de honestidad, compromiso, respeto a la Ley y apego a la especialización técnica, por lo que en caso de ser ratificada actuará bajo dichos valores.
Los avances en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en los últimos años, puntualizó, han sido posibles gracias a la autonomía constitucional del IFT, la cual ha permitido garantizar la toma de decisiones basadas en la especialización técnica, ajenas a intereses económicos y políticos, lo cual debe mantenerse en beneficio de la población.
Sobre la reducción de la brecha digital, dijo que hay zonas sin coberturas debido a que los operadores consideran poco rentable hacer inversiones en lugares más alejados o de difícil acceso. Por ello, dijo que es importante aumentar el espectro de telefonía e Internet móvil para llegar a las zonas marginadas.
La aspirante reconoció la importancia y el impacto de las acciones encaminadas a lograr la paridad de género en los puestos de decisión de los órganos autónomos constitucionales. “Es evidente que la participación de la mujer en estos espacios es fundamental para generar bienestar e igualdad social”.
Se agravarán penas a quienes secuestren a personas con alguna discapacidad
México 18 febrero
Con 448 votos a favor, una abstención y ninguno en contra, la Cámara de Diputados aprobó castigar con mayores penas a quienes cometan el delito de secuestro en contra de personas que sufren alguna discapacidad.
Se reforma el artículo 10, fracción I, inciso e), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma planteada es para establecer que las penas por el delito de secuestro se agravarán para las personas que cometan dicho delito en contra de quienes sufren alguna discapacidad.
En el dictamen reconoce la preocupación que hay en torno al delito del secuestro, porque es un delito grave, de resultado material y permanente, complejo, de difícil investigación, que no reconoce fronteras o regiones y que afecta no sólo a las personas con capacidad económica, sino también a aquellas otras con menores recursos.
Al posicionar el dictamen, la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (Encuentro Social) dijo que este dictamen tiene por objeto sancionar el secuestro de personas con discapacidad.
“Sancionar el secuestro de una persona resulta fundamental, porque es una conducta que daña gravemente la libertad de las y los ciudadanos; es uno de los delitos que más afecta y preocupa a la población en México”, recalcó.
La conducta de este delito repercute en un fuerte impacto físico, moral en las victimas pues los plagiarios desbordan crueldad hacia ellas entre estos golpes, amenazas, sometimientos y violencia extrema.
La diputada Claudia Báez Ruiz (Morena) señaló que el secuestro es uno de los delitos que mayor daño ha ocasionado al país; ha destruido el tejido social, vulnerado los derechos humanos de muchas y muchos mexicanos y ha atemorizado a la sociedad por largos lapsos de tiempo.
Comentó que el dictamen tiene por objeto sancionar con mayor celeridad el secuestro en contra de personas que sufren alguna discapacidad física, mental, intelectual o sensorial; lo anterior, al considerar que las personas con discapacidad son más vulnerables por lo que se requiere un marco legal de protección diferenciado al resto de la población.
“En el país viven aproximadamente 7.1 millones de personas con alguna discapacidad, quienes representan aproximadamente el seis por ciento de la población total”, agregó.