La Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por la probable comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La solicitud ante la cámara para el desafuero del gobernador tiene su origen en una investigación conjunta del Ministerio Público Federal y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Esta noche, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, informó que fue comunicado de la petición de la Fiscalía.
En una tarjeta informativa dirigida a Mier, la secretaria general, Graciela Báez Ricárdez, informa de la diligencia presentada por agentes ministeriales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda
Los representantes sociales “presentaron escrito de solicitud de declaración de procedencia, en contra del C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador constitucional del estado de Tamaulipas; en el escrito establecen como causas de la solicitud, la probable comisión d e delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada”, señala el documento.
La solicitud será ratificada el jueves por la Fiscalía General de la República ante la Cámara de Diputados.
En meses pasados, explicaron fuentes de la cámara, particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos; derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y han podido acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.
Esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, por lo que se configuran los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como enriquecimiento ilícito.