Javier Divany Bárcenas
México 15 de marzo
El diputado Sergio Armando Sisbeles Alvarado del PRI, dijo que debe pararse la construcción del Tren Maya, porque el proyecto presidencial transgrede derechos humanos de comunidades en desacuerdo y tampoco se ha probado que conservará la diversidad biocultural de las cinco entidades federativas involucradas.
Así lo demandó mediante un Punto de Acuerdo que presentó a la Cámara de Diputados, para exigir la cancelación de obras “hasta en tanto no se logren acuerdos con las comunidades indígenas que han manifestado su desacuerdo con el plan”, dijo el legislador.
Explicó que las discrepancias son múltiples, van desde considerar la obra como no esencial; exhibir la falta de información y transparencia; las afectaciones al medio ambiente y los derechos de las comunidades, al dañar un corredor biológico natural conformado por áreas protegidas, habrá deforestación y contaminación de acuíferos.
El diputado del estado de Coahuila, mencionó que a pesar de la pandemia, el primero de junio del 2020, el presidente de la República dio el banderazo al inicio de las obras de construcción del tren y aseguró en el ejercicio fiscal de este año recursos por 36 mil 288 millones de pesos en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, cifra superior a la de 32 mil millones de pesos anunciada en la adquisición total de vacunas contra el Covid-19, para inmunizar a la población del país.
Respecto a las consultas oficiales, se dijo que los habitantes de las comunidades votaron a favor del magaproyecto de infraestructura en un 92.3 por ciento; sin embargo, Sisbeles Alvarado recordó que organizaciones defensoras de los territorios interpusieron varias demandas de amparo.
En ellas se lograron la suspensión de los trabajos en algunos tramos, por ejemplo, en el municipio de Calakmul, Campeche y en tres municipios de Yucatán que son Mérida, Izamal y Chocholá.
Finalmente, evocó las observaciones de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, misma que rechazó la consulta ciudadana organizada por el Gobierno federal debido a que no cumplió con los estándares internacionales en la materia.
El organismo especializado cuestionó la asistencia y participación que tuvieron los indígenas en las asambleas regionales informativas y consultivas, delató la baja representación de mujeres en el proceso, y el hecho de que en algunas comunidades no hubo claridad sobre si crearon o no los comités de seguimiento, también acusó falta de información al no publicarse los estudios de impacto ambiental y social del Tren Maya.