Washington, 2 abr (Prensa Latina) La administración del presidente estadounidense, Joe Biden, elabora una serie de órdenes ejecutivas para limitar la violencia armada que enfrenta hoy el país, tras varios tiroteos masivos en las últimas semanas.
Entre las acciones violentas más recientes están la que ocurrió a finales de marzo en Boulder, Colorado, donde murieron 10 personas, y un hecho similar en Atlanta, Georgia, con seis mujeres asiáticas muertas, así como otro en Orange, California, en el cual resultó occiso un niño y otras dos personas heridas.
Según expertos y activistas citados por medios de prensa estadounidenses, la Casa Blanca elabora las acciones ejecutivas de forma tal que no puedan ser rechazadas en los tribunales, y entre las medidas hay una que ordena al Departamento de Justicia reinterpretar la ley sobre «armas fantasmas» imposibles de rastrear.
Estos artefactos se ensamblan a partir de piezas compradas en línea o en exposiciones y se asocian cada vez más con los delitos mediante uso de armas de fuego, pues no están clasificadas como tales y, por lo tanto, pueden venderse legalmente sin número de serie o verificación de antecedentes, señala la agencia Reuters.
En este contexto, más de 100 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes instaron recientemente al presidente Biden a tomar disposiciones ejecutivas para regular los fusiles de asalto.
Mediante una carta a Biden firmada, ente otros, por Mike Thompson (California), Joe Neguse (Colorado), Val Demings (Florida) y Ed Perlmutter (Colorado), los congresistas pidieron acciones para garantizar que los fabricantes no puedan evadir regulaciones legales sobre este asunto.
Sin embargo, especialistas citados por el diario The Hill señalan que ante la falta de una legislación del Congreso para convertir en ley las medidas presidenciales, sería la Corte Suprema, de tendencia conservadora, la que podría tener la última palabra.
Según estadísticas oficiales citadas por el diario The New York Times, durante 2020 crecieron en un 25 por ciento los asesinatos con armas de fuego en Estados Unidos, lo cual significa que el país superó los 20 mil en un año por primera vez desde 1995.
Desde la masacre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook de Connecticut, en la que murieron 20 alumnos de primer grado y seis adultos, 13 estados, todos ellos controlados por los demócratas, promulgaron o ampliaron los controles de antecedentes para la compra de nuevas armas.
Contrariamente, otros 14 territorios a ese nivel, gobernados por los republicanos, aprobaron leyes que permiten a sus ciudadanos portar armamentos sin ningún permiso, mientras a nivel federal no hubo avances hasta la fecha para regular la tenencia y uso de estos artefactos por parte de civiles.