Washington, 23 dic (Prensa Latina) El gobernador de Ohio, Mike DeWine, firmó hoy un proyecto de ley que obliga a los profesionales de salud a intentar salvar la vida de un bebé que nazca vivo tras un intento de aborto.
El proyecto de ley 157 del Senado, denominado por sus partidarios republicanos «Ley de protección de los bebés nacidos vivos», estipula que el médico que incumpla con esta decisión se enfrentará a cargos penales.
La medida también obliga a los profesionales a informar de todos los casos en que un bebé nazca vivo, y prohíbe a las clínicas que realizan interrupciones de embarazo contratar a médicos que imparten clases en universidades estatales u otras instituciones públicas.
El proyecto de ley exigiría a los médicos rellenar un «formulario de supervivencia infantil» o enfrentarse a un delito de tercer grado.
«El gobernador DeWine y los legisladores republicanos de Ohio han sido valientes defensores de los más vulnerables entre nosotros, los no nacidos», dijo el presidente del Partido Republicano del estado, Bob Paduchik.
Los defensores de los derechos de las mujeres se oponen al proyecto de ley y argumentan que restringe el acceso al aborto, mientras amenaza e intimida a quienes ofrecen este servicio.
Estamos en un punto de crisis para el acceso al aborto en Ohio y en todo el país», lamentó la directora general de Planned Parenthood de la región suroeste de Ohio, Kersha Deibel.
Los políticos antiabortistas lograron convertir en una carrera de obstáculos el acceso a este derecho indispensable. Hoy es un día lamentable para las mujeres estadounidenses, dijo Deibel.
A inicios de abril del 2019, el gobernador firmó un proyecto conocido como «Ley del Latido del Corazón», que prohíbe los abortos una vez que se detecta actividad cardiaca en el feto, algo que puede ocurrir tan pronto como las primeras seis semanas de embarazo.
Aunque esa norma permanece en suspenso en Ohaio debido a una demanda federal, sirvió de antesala para que Texas firmara su propio proyecto de ley a principios de este año.
La decisión de Texas, estado gobernado por el también republicano Greg Abbott, desató una amplia reacción de los defensores del aborto, así como una serie de propuestas de imitación de otros estados controlados por el partido que se identifica con el color rojo.
El Tribunal Supremo está sopesando actualmente la impugnación del caso Roe v. Wade, que, de ser anulado, podría hacer que más de 65 millones de mujeres perdieran el acceso al aborto en sus estados.