Washington, 9 ene (Prensa Latina) Cuando se cumple el primer aniversario del ataque al Capitolio de Estados Unidos por simpatizantes del entonces presidente Donald Trump, nuevas evidencias cierran más el cerco en torno al exmandatario y su implicación en los disturbios.
Mientras la justicia procesa a cientos de ciudadanos protagonistas de los incidentes violentos del 6 de enero de 2021, el comité especial de la Cámara de Representantes, que investiga lo ocurrido durante aquella jornada, asegura tener pruebas sobre la responsabilidad del líder conservador.
La representante Liz Cheney, del Partido Republicano, confirmó que la comisión posee un «testimonio de primera mano» que reveló cómo Ivanka Trump, hija del expresidente y una de sus asesoras, pidió a su padre intervenir para detener los actos violentos de aquel día en Washington.
En igual sentido se pronunció el demócrata Bennie Thompson, presidente del comité a cargo de la pesquisa, quien aseveró contar con pruebas sobre la inacción del jefe de Gobierno mientras la multitud intentaba impedir la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales.
La cadena CNN afirmó que un testigo clave es Keith Kellogg, asesor de seguridad nacional del entonces vicepresidente Mike Pence, quien estaba con Trump en la mansión ejecutiva cuando ocurría el motín, impulsado por la teoría de fraude electoral del magnate republicano.
Además, la comisión constató que hubo peticiones para detener las acciones violentas por parte de legisladores republicanos, miembros de su equipo, figuras de la cadena de televisiónFox News, así como de Donald Trump Jr., otro descendiente del antiguo jefe de la Casa Blanca.
«Él tiene que condenar esto lo antes posible. Necesitamos un mensaje desde el Despacho Oval. Ha llegado demasiado lejos y se le ha ido de las manos», escribió Trump Jr. al jefe de gabinete de su padre, Mark Meadows.
Fue Meadows quien entregó al grupo parlamentario miles de documentos sobre el intento de anular los resultados electorales, pero luego se arrepintió de su colaboración y enfrenta una acusación penal por desacato, al igual que Steve Bannon, exasesor del exjefe de Estado, cuyo juicio está previsto para el próximo verano.
Otros testigos cruciales se niegan a cooperar con las investigaciones de las protestas acontecidas hace un año en la sede del Congreso, que dejaron al menos cinco muertos, entre ellos, un policía, y más de 140 heridos.
Al parecer Trump tiene mucho por esconder y por eso apeló a la Corte Suprema basado en el llamado «privilegio ejecutivo» para intentar bloquear el acceso de la comisión a los registros de los Archivos Nacionales relacionados con los disturbios.
Aunque el comité de la Cámara Baja consiga las pruebas necesarias contra el antiguo jefe de la Casa Blanca, eso no garantiza que pague por sus acciones u omisiones respecto a la insurrección, pues a diferencia de los tribunales, el Congreso no tiene capacidad de sancionar y sería la Fiscalía quien debería procesarlo.