La Fiscalía General de la República (FGR) prevé solicitar este lunes en audiencia que se impongan medidas cautelares contra cuatro abogados que han sido denunciados por el litigante Juan Collado —en prisión desde 2019, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada— por supuestamente pedirle hasta 2 mil millones de pesos para tramitar su salida de la cárcel.
Los fiscales solicitarán al juez federal José Rivas González que imponga prisión preventiva justificada para los litigantes Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau, al menos mientras se define si son vinculados a proceso y, de ser el caso, mientras se concluye con la investigación complementaria de cara a un eventual juicio.
La audiencia de este lunes es parte de uno de los tres procesos que desde octubre de 2021 sigue la FGR por presunta corrupción, asociación delictuosa y tráfico de influencias por denuncias que indican que distintos abogados, presumiendo un supuesto vínculo con el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, intentaron extorsionar a potenciales clientes.
En el caso específico de la denuncia de Collado, el abogado dijo que los litigantes, tras presumir una supuesta alianza con Scherer, lo presionaron para que vendiera su empresa, Caja Libertad, a un presunto operador financiero del exconsejero de la Presidencia, y para que además entregara montos elevados de dinero.
Aunque ninguno de los delitos que se imputarán a los abogados implicados —extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa— amerita prisión preventiva automática, los fiscales estudian circunstancias que podrían, supuestamente, facilitar su fuga. Entre ellas, su capacidad económica y la pena de más de dos décadas de cárcel que podría imponérseles si son encontrados culpables.
La audiencia se ha programado a las 11:00 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Norte y será encabezada por el juez Rivas González. Del lado de la fiscalía, han sido citados los agentes del Ministerio Público María Eugenia Castañón y Manuel Granados, quienes realizarán la imputación y la solicitud de medidas cautelares.
Los imputados tendrán la posibilidad de solicitar que la audiencia se difiera si consideran que no han podido estudiar de manera completa el expediente, aunque será el juez quien determine si eso es procedente. También podrían solicitar un plazo de 72 o hasta 144 horas para aportar más pruebas con el objetivo de desvirtuar la solicitud de vinculación a proceso que presentará la FGR.
Debido a las condiciones sanitarias, el Centro de Justicia autorizó la opción de comparecer por el sistema de videoconferencia o en persona. En la sesión podrán estar presentes medios de comunicación.
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