Lima, 2 jul (Prensa Latina) Un ministro peruano se sumó hoy a la percepción general de que la oposición, al apurar un proceso parlamentario contra la vicepresidenta Dina Boluarte, avanza al objetivo de terminar con el gobierno de Pedro Castillo.
«Primero quieren sacar a la vicepresidenta y luego irán por el presidente, o viceversa. Y luego verán quien asume la presidencia del Congreso.
Es injusto desde el punto de vista jurídico y constitucional», declaró el titular de Cultura, Alejandro Salas, al ratificar el apoyo del presidente y sus ministros a Boluarte.
Se refirió así a la decisión de la Comisión Permanente, de dar un plazo de 15 días laborables, hasta el 21 de julio, a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que elabore la imputación de infracción constitucional contra Boluarte.
Según un insólito informe del Contralor General, Nelson Shack, la vicepresidenta, en su calidad simultánea de ministra de Inclusión Social, violó la norma constitucional que prohíbe a los ministros tener cargos en entidades estatales o privadas o representarlas, pues hizo gestiones como presidenta del Club Apurímac, un modesto club provinciano de su tierra natal.
Ella dice ser víctima de una especia de golpe de Estado y argumenta que solo cumplía tareas remanentes tras dejar de dirigir el club, pero igual la mayoría parlamentaria opositora se ciñó a la letra y echó a andar el procedimiento que sus detractores señalan debe terminar en su suspensión temporal o inhabilitación por hasta 10 años, es decir que tendría que dejar la vicepresidencia.
Conocidos juristas como Omar Cairo argumentan que la sanción solo corresponde al cargo ministerial y, por tanto, solo debería implicar su cese como titular de Inclusión Social, sin afectar su título de vicepresidenta, producto de elección popular y no de un nombramiento como el de ministra.
«En política no existen casualidades y, como los intentos de vacncia presidencial fracasaron, el fujimorismo (corriente de extrema derecha) y sus aliados en el Congreso apelan a otra estrategia para tomar el poder», comentó el diario La República.
Añade que el juicio político es la ruta tras dos intentos de vacar (destituir)a Castillo por la causa constitucional de «permanente incapacidad moral», fracasados por no alcanzar el apoyo de dos tercios del total de miembros del Parlamento. La nueva ruta solo exige la mitad más uno, votación, accesible para la oposición.
Un día antes de la decisión de la Comisión Permanente, la Comisión de Fiscalización emitió su informe final de la investigación al presidente Castillo por presunto involucramiento en hechos de corrupción, sin consignar pruebas de culpabilidad.
Sin embargo, recomendó aplicar el mismo procedimiento usado contra Boluarte, imputándole violaciones de la Constitución que habría cometido, según sus acusadores, por gestiones indebidas de quien fuera su secretario, Bruno Pacheco -hoy prófugo- ante altos funcionarios en favor de intereses particulares y ante mandos militares por el ascenso de determinados militares.
El mandatario, que ha perdido respaldo popular por una combinación de errores y limitaciones propias y una campaña de demolición política con gran apoyo mediático, sería así también inhabilitado y despojado del cargo que le confió el electorado.
El exjuez del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa advirtió que, con decisión política, el plan puede culminar en poco tiempo, siendo su tercer punto la designación de un o una titular del Congreso a quien, sin Boluarte, correspondería la sucesión presidencial.
Lo que está por dilucidarse es quien será titular del Legislativo, algo que es materia de negociaciones, entendimientos insólitos y movimientos de trastienda entre las bancadas parlamentarias, de los que no son ajenos los factores de poder económico.
Otro problema pendiente es que Alva y sus aliados de extrema derecha son partidarios de convocar solo la elección de un nuevo presidente y mantener la composición actual del Congreso, con lo que controlarían los dos poderes, lo cual puede generar reacciones populares imprevisibles.
El problema es que, si bien la impopularidad de Castillo es alta y es el factor que favorece a quienes la izquierda llama golpistas, la impopularidad del Parlamento es mucho mayor y en el campo opositor, sobre todo en los grupos llamados centristas, no hay unanimidad al respecto.
Mientras tanto, crece la consigna «que se vayan todos» y diversas fuerzas de izquierda llaman a rechazar el golpismo y advierten que, de haber nuevas elecciones generales, deben ser con nuevas reglas, en la perspectiva de avanzar hacia una asamblea constituyente.
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