Ciudad de México (Prensa Latina) La Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia sobre los 43 de Ayotzinapa rindió un informe sobre su investigación que revolvió el avispero al proclamar Crimen de Estado la desaparición de los jóvenes.
Por Luis Manuel Arce Isaac
Corresponsal jefe de Prensa Latina en México
Se trata de un criterio que puede cambiar radicalmente la dinámica de la investigación, la cual rompió la inercia criticada para colocarse en un punto complicado y difícil pero esperanzador de la aclaración de todo.
Humberto Guerrero, especialista en derecho penal internacional y miembro de la comisión, explica que, como tal, «el Crimen de Estado no existe en el ordenamiento jurídico mexicano, pero sí en el Derecho Internacional cuando hablamos de delitos como la desaparición forzada y la tortura, y se convierten en crímenes de lesa humanidad cuando se cometen de manera sistemática o generalizada».
El Crimen de Estado no exime de responsabilidad ante un delito a quien está obedeciendo órdenes. Ni en estructuras altamente jerarquizadas como la militar. Por lo tanto, declarar Ayotzinapa así es un total cambio de enfoque al caso.
Esto supone que tanto la Fiscalía como los juzgadores mexicanos van a tener que aplicar el conjunto de reglas desarrolladas en el Derecho Penal Internacional para analizar la desaparición de los 43 estudiantes, y las conductas desplegadas después para ocultar lo ocurrido.
Con este reconocimiento, agregó, se demuestra que en Guerrero existía una red criminal conformada no solo por delincuencia organizada sino también por autoridades de los tres niveles de gobierno, y que lo ocurrido no fue un hecho aislado sino formaba parte de un patrón de actuación y la investigación debería reflejar eso, afirma Guerrero.
Casi ocho años después de los execrables hechos de Iguala, que se cumplirán el 26 y 27 de septiembre, surge por vez primera vez una luz que abre esperanzas sobre el esclarecimiento total de uno de los crímenes más atroces, abominables e injustificables en un país de violencia como lamentablemente es México.
Lo más importante es que la comisión, después de más de tres años de una tenaz búsqueda e investigación, logró reunir un gran cúmulo de pruebas, evidencias y rastros que le permitieron tipificar como Crimen de Estado la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de la «Raúl Isidro Burgos», algo sumamente relevante.
Es el resultado, como explicó con mucha claridad el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien encabeza la comisión, de separar las aguas en dos vertientes bien definidas entre sí, pero al mismo tiempo dependientes. La primera, el macabro hecho en sí del asesinato y la salvaje forma en que procedieron sus autores.
El segundo es el que más sombras y dudas arroja: el ocultamiento exprofeso del crimen, lo cual generó un «pacto de silencio» que involucró a decenas de personas amparadas durante todo este tiempo por una mampara blindada por las propias autoridades del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), llamada «Verdad Histórica», una farsa nunca creída pero tampoco desmentida, que les permitió impunidad.
DESPEJAR INCûGNITAS
La comisión, integrada por representantes de numerosas instituciones estatales y civiles, logró despejar una enorme cantidad de incógnitas en la primera vertiente -el hecho criminal- que permitió desmontar y dejar en el esqueleto la «verdad histórica» inventada.
También contextualizar el episodio criminal de Ayotzinapa, dejar al descubierto la actuación de los autores e incluso personalizar a una gran parte de los responsables o actores, los cuales pueden sumar casi un centenar.
Fue este desbrozamiento del camino hacia la aclaración de los hechos lo que permitió a los comisionados definir posteriormente la intervención de las autoridades de distintos órdenes de gobierno en el encubrimiento de lo ocurrido la trágica noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
De cómo se trabajó para llegar a la realidad de los hechos lo explicó el propio Encinas en una conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la que citamos solamente unos pocos datos:
«El análisis que hemos realizado se sustenta en la evaluación de 87 millones de registros telefónicos depurados para ubicar 84 mil de ellos claves, 17 números analizados rigurosamente a lo largo de los últimos dos años, que nos permitió hacer un mapeo y geolocalización de otros 116 y al mismo tiempo complementar esta información con los 41 mil 168 documentos que fueron aportados por la Administración Pública Federal y otros órganos autónomos».
En la investigación quedó documentado con pruebas el asesinato y posterior desaparición de los jóvenes desde el mismo momento que salieron de Ayotzinapa hasta Iguala, los propósitos del viaje de participar en una marcha organizada en Ciudad de México, que nunca estuvieron juntos ni viajaron en caravana los 43, ni el asesinato fue masivo y en un solo lugar, el basurero de Cocula, donde incineraron a unos cuantos.
Tampoco que fueron asesinados por los mafiosos de Guerreros Unidos por confundirlos con otro cártel en pugna como aseguraba la «verdad histórica» destrozada en la investigación y, al mismo tiempo, de sus restos fueron surgiendo las evidencias de que hubo un conocimiento del más alto nivel del gobierno desde el primer momento en que policías y militares dieron participación a los delincuentes para perpetrar el asesinato y posterior desaparición de los muchachos.
Es muy importante la revelación de Encinas, de que la comisión acreditó cómo en todo momento las autoridades hicieron el seguimiento de las acciones de los estudiantes desde días previos y de qué manera estuvieron al tanto de la salida de la escuela normal, la llegada a Iguala y de los hechos de persecución y violencia que precedieron a la desaparición.
Todo ello evidentemente acredita responsabilidades por la acción, omisión o negligencia, e involucramiento de autoridades, de agentes del Estado en la desaparición de los normalistas, la cual pudo y debió de evitarse, pero por el contrario, permitieron esta desaparición.
EN LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD
Entonces, la declaración de Crimen de Estado es clave en lo que podría ocurrir a partir de ahora, y así queda establecido en las tres primeras de las 16 conclusiones de la comisión que dejan sin sustento la «verdad histórica»:
1) La desaparición constituyó un Crimen de Estado. 2) Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes y hay presunción de alteración de los hechos. 3) En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de todo el proceso hasta el homicidio.
La primera consecuencia de estas revelaciones es el apresamiento e inicio de proceso judicial al exprocurador Jesús Murillo Karam, presunto autor de la «verdad histórica» junto con su subordinado de la agencia de inteligencia Tomás Zerón, asilado en Israel, de quien se proyectaron en la televisión videos donde está presente en las sesiones de tortura de falsos positivos para dar crédito a la farsa montada.
Pero hasta ahora ni en el informe ni en la actuación oficial hay respuestas a preguntas clave que se formulan familiares de los 43 y el pueblo mexicano, entre ellas, ¿por qué si subordinados directos del presidente Peña Nieto aparecen en la lista de involucrados y procesados, él no pues es muy difícil que no supiera cuanto hacían?
¿Por qué no aparecen otros mandos de la Secretaría de Defensa de la época como su extitular en ese momento, el general en retiro Salvador Cienfuegos, cuando el informe reconoce que los hechos se conocían al más alto nivel del gobierno y se ocultaron?
Además, una interrogante clave: ¿actuó por cuenta propia el exprocurador Murillo o un superior le dio la orden de inventar la verdad histórica? Y otra más: ¿aplicará México el concepto de Crimen de Estado aunque no aparezca en su jurisprudencia?