Por: JOSE ALBERTO VAZQUEZ CRUZ
En fechas recientes hemos sido testigos de una relación ríspida entre los titulares de los Poderes Legislativo y Ejecutivo con la del Poder Judicial de la Federación.
Casos complejos y controversiales como la liberación de cuentas bancarias de la esposa del ex secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico, la anulación del conocido como Plan B electoral y el otorgamiento de diversos amparos contra las obras estratégicas del gobierno federal hacen pensar en un frente político más que en uno de carácter técnico jurídico, algunos teóricos podrían señalar que estamos ante un episodio de lawfare o guerra jurídica, es decir, el uso faccioso de las instituciones del poder judicial se perpetre un ataque a uno de los poderes para minarlo en su capacidad de acción.
A lo anterior debemos sumar que estos asuntos se litigan con vehemencia en los medios de comunicación y que han desembocado en la ruptura de protocolos de funcionarios del poder judicial federal, para quienes son casi un acto de fe, como cuando la ministra Norma Piña no se levantó de su asiento para recibir al titular del ejecutivo federal, como acto de rebeldía y protesta, en el aniversario de la promulgación de la constitución de la república, queda claro que las sentencias ya no bastan para conocer la posición de los jueces.
Es indispensable también traer a la memoria el intervencionismo abierto de la ministra presidenta de la Suprema Corte para persuadir – amenazar al presidente del Senado Alejandro Armenta para impedir se aprobara una ley en la cámara alta, hecho que tuvo que aceptar la funcionaria ante la evidencia de que los mensajes temerarios salieron del propio teléfono de la funcionaria.
Por ello, se ha abierto en la sociedad mexicana un debate sobre la función judicial, su aportación social, los altos salarios de los principales funcionarios y la casi nula rendición de cuentas.
Cuando Montesquieu planteó su teoría de la división de poderes, pensó en el poder judicial como el equilibrio racional para contener a los otros dos poderes, Legislativo y Ejecutivo, susceptibles de los vendavales de la política.
Sin embargo, cuando revisamos de manera amplia la función del Poder Judicial, no es tan simple el juicio.
La constitución de la república reconoce como función primordial de los tribunales proveer de justicia pronta y expedita a la sociedad y con ello fortalecer el Estado de derecho y la democracia entendida desde el texto constitucional, más allá solo de un sistema jurídico, como un sistema de “vida fundada en el constante mejoramiento económico, político y social del pueblo”.
En ese sentido, la actividad pública que desarrollan cada una de las instituciones del Estado debe abonar al bienestar de la colectividad.
Los números demuestran que el Poder Judicial no abona mucho en su tarea fundamental, impartir justicia pronta y expedita y por consiguiente muy poco en su labor social de seguridad jurídica y de pacificación de la vida nacional.
La falta de rendición de cuentas de cara a la sociedad por parte de jueces, magistrados y ministros de los tres órdenes de gobierno hace nugatorio ese principio constitucional.
Según cifras de la Encuesta Nacional de Impartición de Justicia Federal del INEGI durante 2022, se ingresaron en los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC), Tribunales Unitarios de Circuito (TUC), Juzgado de Distrito (JD) y Centros de Justicia Penal Federal (CJPF) 1 066 829 asuntos en todas las materias, mientras que la cantidad de asuntos resueltos fue de 983 249, es decir un rezago de casi 80 mil casos.
En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve cada vez menos asuntos de legalidad sin embargo se ingresaron para 2021 la cantidad de 3008 asuntos y fueron resueltos de fondo solo 392 casos, los demás fueron returnados.
En las entidades federativas es donde se tienen mayores problemas, los datos de la Encuesta Nacional de Impartición de Justicia Estatal del INEGI señalan que, durante 2022, a nivel nacional se reportaron 2 130 586 asuntos ingresados y 1 194 988 concluidos y/ o determinados por los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales en todas las materias, es decir se enfrenta un rezago de casi el 40 por ciento.
Por si fuera poco, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestran la existencia de fallas estructurales en el sistema de justicia integral de nuestro país y poco se hace en un ejercicio de autocrítica al interior del poder judicial.
Estos números reflejan que el poder judicial está dejando de lado su tarea, que no hay reciprocidad con el alto encargo y sobre todo con los grandes emolumentos y seguridad económica que reciben las personas pertenecientes a este grupo privilegiado del servicio público.
Es verdad que, con muchas carencias en los poderes judiciales estatales se enfrenta esta noble tarea de impartición de justicia, pero han existido cuantiosos recursos en manos de la clase política judicial para cambiar esa realidad y sencillamente no ha funcionado, como ejemplo basta la implementación del sistema penal acusatorio vendido por el ex presidente Felipe Calderón en 2008 como la panacea para la justicia y después de una inversión de más de 20 mil millones de pesos que se invirtieron para adquisición de inmuebles, de construcción de infraestructura, capacitación y contratación de personal, las cosas no han cambiado, las cárceles siguen con sobrepoblación y el sistema no termina por asimilarse plenamente.
Incluso parece que depende de quien encabece el poder judicial para tomar partido por su actividad, cuando presidía la Corte el ministro Arturo Zaldívar se decía que era un subordinado a la Cuarta Transformación, y ahora con la ministra Norma Piña, los intereses de los potentados parecen tener garantía desde el máximo tribunal de la nación.
Esta situación no debería llamarnos la atención, el poder judicial siempre ha hecho política, en 1994, el expresidente Ernesto Zedillo con la complacencia del Congreso de la Unión desapareció la Corte y de 26 ministros dejó solo 11, la derecha apoyo esa reforma a la constitución y no hubo reclamos de tiranía o antidemocracia, hoy que el presidente López Obrador hace señalamientos a las resoluciones de la Corte la derecha acusa violaciones a la división de poderes.
Incluso, para que la Suprema Corte no entrara en el juego de la democracia electoral, se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuya única materia que conoce es la electoral, sin embargo, en fechas recientes de manera inédita y de manera supraconstitucional, pareciera que, para proteger intereses en los nombramientos de funcionarios electorales, ha incursionado en el análisis de las facultades del Poder Legislativo.
Es imposible no hacer una evaluación política del poder judicial cuando se meten en estos terrenos, la elección de sus funcionarios es una posibilidad sería, la cual se realiza en varios países, y la construcción de indicadores de efectividad son elementos que pueden contribuir a propiciar una mejor rendición de cuentas, muchas veces las selecciones y ratificaciones de estos funcionarios se realiza sin un verdadero escrutinio, pareciera una patente de corso, sin propósito más que el de dotar de seguridad laboral antes que un encargo público.
El poder judicial debe ser garante de la constitución y de sus principios no solo hacia afuera sino también hacia adentro.
El Poder Judicial queda a deber, su contribución a la democracia, a la justicia y la paz social deben estar a la altura del respeto que le brinda la sociedad mexicana.
Con información de Latitud Megalópolis