Quito, 2 abr (Prensa Latina) Expertos, académicos y miembros de comunidades indígenas analizaron hoy en Ecuador el proceso de cierre del bloque petrolero 43-ITT, en el amazónico Parque Nacional Yasuní.
Durante un conversatorio en la Universidad Andina Simón Bolívar, los participantes reiteraron que el 20 de agosto de 2023 el 58,9 por ciento de los ecuatorianos votó a favor de mantener bajo tierra el crudo en esa zona, considerada la mayor área protegida de esta nación sudamericana.
Ecuador dijo no a una explotación petrolera que está en curso. Es la primera vez que el pueblo no se come el discurso del desarrollo, sino que piensa en la vida de los pueblos que allí habitan, sentenció el exjuez constitucional y académico, Ramiro Ávila.
En este sentido, Ávila abrió el debate sobre la necesidad de culminar la actividad petrolera ante los intentos del presidente Daniel Noboa de extender las labores extractivas por un año más allí, para recibir los beneficios que genera este yacimiento, según el mandatario.
A propósito, la activista y miembro de la comunidad Waorani, Alicia Cahuiya, denunció que a consecuencia del extractivismo petrolero el río Yasuní está contaminado.
Siguen violando la contaminación del aire -alertó- desde que se hizo la consulta popular no han conversado con las comunidades waoranis, tampoco han retirado la maquinaria, lamentó.
Cahuiya explicó que la explotación petrolera en esa zona ha dejado cáncer, contaminación y mayor pobreza. ¿Por qué no pensar en sacar yuca, cacao, turismo, desde las comunidades y no desde las empresas?, refirió.
Entretanto, el experto colombiano en explotación petrolera, Andrés Gómez, explicó el impacto de esa actividad en el agua que se usa en cantidades masivas.
El especialista también detalló que el cierre de un pozo depende de su profundidad. Pero, cualquiera que sea el tamaño, técnicamente es posible cerrarlo. «La novedad en Ecuador es que el pueblo lo ordena», recalcó.
No se puede reparar la salud de las comunidades si no hay reparación de la naturaleza, manifestó por su parte la experta en salud colectiva Fernanda Solís, quien reiteró que las afectaciones por el petróleo también son psicosociales, desde la pérdida de identidad y la rotura tejido social, hasta la subida de la tasa de suicidios.
El pasado mes de enero, el Ejecutivo reveló que el Estado requiere más de mil millones de dólares para enfrentar a las bandas criminales, calificadas como terroristas en el país andino.
Por ello, Noboa justifica la extensión de la actividad petrolera en el Yasuní como un beneficio para recibir ingresos en medio del conflicto armado interno, pese a que, mediante una consulta popular, la ciudadanía apoyó la decisión de frenar la explotación petrolera allí.
Expertos en Ecuador analizan proceso de cierre de bloque petrolero
