Piden conocer gastos de Ecuador por litigios con México ante la CIJ

Quito, 2 may (Prensa Latina) La legisladora ecuatoriana Viviana Veloz, del movimiento Revolución Ciudadana, solicitó al Gobierno información sobre los gastos del país para la defensa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en los litigios por el asalto a la embajada de México.
Por los desaciertos diplomáticos de esta administración, ahora los ecuatorianos debemos asumir los costos legales de estas acciones, manifestó la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador en sus redes sociales.
Veloz publicó cartas dirigidas a la canciller, Gabriela Sommerfeld, y al procurador general, Juan Carlos Larrea, donde exige detalles sobre los procesos de contratación de los abogados expertos en derecho internacional público que representan a Ecuador en los litigios contra México en la CIJ.
También pidió conocer las razones por las que el Estado ecuatoriano no consideró para esa función a abogados miembros del servicio diplomático.
La nación sudamericana está representada ante el órgano de justicia de Naciones Unidas por los abogados Michael Woods, Sean Murphy, Alfredo Crossato y Omi Sender, expertos contratados para justificar la irrupción a la embajada mexicana en la noche del 5 de abril.
Esta semana la CIJ escuchó los alegatos tanto de México como de Ecuador, que intentó justificar su asalto a la sede diplomática con el argumento de que el asilo político otorgado al exvicepresidente Jorge Glas es ilícito porque sobre él pesan condenas por delitos comunes.
No obstante, México considera que Glas es un perseguido político y asegura que el gobierno de Daniel Noboa infringió el artículo 22 de la Convención de Viena sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, Alicia Bárcena, espera que la CIJ determine que no es equivalente la irrupción violenta de Ecuador a su Embajada en Quito con el derecho de México a otorgar asilo a Glas.
De lo contrario, advirtió, se sentaría un peligroso precedente si la CIJ igualara ambos actos.
Además, Bárcena planteó que el gobierno ecuatoriano pudo haber argumentado meses antes su inconformidad, pues Glas llegó a su sede en diciembre de 2023.