Quito, 5 may (Prensa Latina) El asalto a la embajada de México en Ecuador cumple hoy un mes en medio litigios en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), mientras el exvicepresidente Jorge Glas, que estaba allí como asilado político, continúa en la cárcel.
Este sábado, intelectuales, artistas y políticos de varios países divulgaron una carta en la cual piden la liberación inmediata del exvicemandatario.
La invasión de territorio mexicano tuvo como objetivo el secuestro de Glas, perseguido judicial y políticamente desde hace siete años y que se encontraba en calidad de asilado en esa sede diplomática, afirma la misiva que cuenta con el respaldo de más de 150 firmas.
Entre quienes apoyan ese mensaje están los expresidentes Alberto Fernández, de Argentina; Ernesto Samper, de Colombia; Evo Morales, de Bolivia; Rafael Correa, de Ecuador; José Luis Rodríguez Zapatero, de España.
A ellos se sumaron el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el trovador cubano Silvio Rodríguez, el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), Jorge Arreaza, entre otras personalidades de Ecuador, Estados Unidos, España, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Chile Paraguay y Cuba.
«Exigimos el inmediato retorno a la situación previa al asalto en contra de la embajada de México, reponiéndose el estatus de asilado político a Jorge Glas», reclaman en el texto, donde piden que se le otorgue a el exfuncionario ecuatoriano el salvoconducto correspondiente para trasladarse «sano y salvo» a territorio mexicano.
El pasado 5 de abril, efectivos de la Policía Nacional irrumpieron en la embajada mexicana en Quito y tomaron por la fuerza a Glas, una intervención condenada por la comunidad internacional y que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países.
Ni las dictaduras militares se atrevieron a perpetrar una agresión de este tipo que, en este caso, fue instruida desde la más alta autoridad del Estado, aseveró la carta, en la cual agregan que Glas fue víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El 12 de abril, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó que fue «ilegal y arbitraria» su detención, pero aún así decidieron que debía permanecer tras las rejas porque tiene una sentencia de ocho años pendiente.
Ante lo ocurrido, México acusó a Ecuador ante la CIJ, instancia que la semana pasada escuchó consideraciones de ambas partes.
En su alegato de defensa ante la CIJ, el gobierno ecuatoriano intentó justificar su entrada violenta a la embajada con el argumento de que fue un caso excepcional y que el asilo político otorgado a Glas es ilícito, pues sobre él pesan condenas por delitos comunes.
No obstante, México lo considera un perseguido y asegura que el gobierno de Daniel Noboa infringió el artículo de la Convención de Viena sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
El abogado constitucionalista Jorge Sosa opinó que la defensa de Ecuador ante la CIJ desempolvó viejos argumentos del siglo pasado que ya fueron rechazados en 1951 por la misma Corte.
La nación sudamericana, por su parte, también presentó la semana pasada una demanda contra México en la CIJ en la cual defiende su entrada inconsulta a la embajada en Quito para detener a Glas, sobre quien pesan condenas por supuestos actos de corrupción.
El Observatorio de Lawfare publicó hace pocos días un informe en el cual destaca el rol de algunos medios de comunicación y sectores políticos con el financiamiento de instituciones del gobierno de Estados Unidos para iniciar procesos judiciales contra líderes incómodos a sus ideologías.
Entre los casos mencionados está Sobornos, que nació en Ecuador en 2019, aborda supuestas irregularidades del gobierno de Rafael Correa con la constructora Odebrecht y conllevó a la acusación de funcionarios, entre ellos el propio exmandatario y su entonces vicepresidente Glas.
Un mes del asalto a la embajada de México en Ecuador
