Quito, 10 may (Prensa Latina) Miembros de comunidades indígenas, organizaciones sociales y políticas denunciaron hoy al Gobierno de Ecuador ante la Corte Constitucional por incumplir y minimizar demandas ambientales.
En rueda de prensa, frente a la institución judicial, los participantes rechazaron el reciente decreto emitido por el presidente Daniel Noboa, sobre la creación de un comité para el retiro progresivo de las actividades petroleras en el bloque 43-ITT, en el amazónico Parque Nacional Yasuní.
Según el documento, el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular (CEVP) Yasuní-ITT, coordinará y establecerá los mecanismos, lineamientos y acciones que se ejecutarán «para cumplir la voluntad popular respecto del Bloque 43».
Pedro Bermeo, representante del movimiento Yasunidos, advirtió que el decreto 257 para crear una comisión que analice el retiro del campo petrolero, excluye a las organizaciones que llevaron a cabo la consulta popular.
Bermeo recordó que el 20 de agosto de 2023, el 58,9 por ciento de los ecuatorianos votó a favor de mantener bajo tierra el crudo en esa zona, considerada la mayor área protegida de esta nación sudamericana.
La organización también denunció que el decreto ejecutivo busca tapar lo que está ocurriendo en la comuna de Olón, en la provincia de Santa Elena, donde una empresa perteneciente a Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Noboa, intenta llevar a cabo un proyecto inmobiliario en un área protegida.
En este sentido, el vocero de la comuna de Olón, Simón Velasco, alertó que esa localidad ha sido víctima de represión en los últimos meses, y afirmó que se mantendrán firmes en defensa del territorio y que tomarán medidas legales.
Hay que revisar la legalidad de las escrituras de esta propiedad, señaló Velasco, mientras aclaró que al ser una comuna ancestral pueden acogerse a derechos colectivos sobre el proyecto que intenta levantarse en allí.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, coincidió en que el decreto 257, que establece la creación de un comité para analizar el retiro de la explotación petrolera en el Yasuní, es una cortina de humo para tapar el caso de Olón.
«El actual gobierno no se instaló para resolver los problemas del pueblo ecuatoriano, sino sus propios intereses empresariales», lamentó el líder indígena.
La construcción del proyecto inmobiliario por parte de la empresa de la primera dama Valbonesi, es hoy motivo de protestas por el impacto medioambiental a manglares de Olón y las consecuencias que podría tener en la comunidad.
La ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Sade Fritschi, justificó recientemente el proyecto a través de su red social X, asegurando que esa obra en la comuna de Olón no afectará el área protegida en esa zona.
Según la funcionaria, la zona de implantación del proyecto urbanístico ECHO no corresponde a un área protegida e interseca con el bosque y vegetación protector natural Esterillo Oloncito en un 16 por ciento.
La empresa Vinazin planificó el proyecto denominado Echo, que consiste en un conjunto de cuatro edificios con distintas plantas cada uno e incluiría áreas sociales, verdes, parqueos de visitas, vías de llegada, acceso a la playa, entre otras obras.