Quito, 23 may (Prensa Latina) El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumple hoy seis meses de gobierno en medio de una ola de inseguridad pese a las constantes declaraciones del estado de excepción y múltiples crisis en el país andino.
El mandatario, quien asumió el poder el 23 de noviembre de 2023, logró el pico de aprobación de su imagen el pasado mes de enero con un 80 por ciento según la encuestadora Comunicaliza. Sin embargo, de acuerdo con pesquisas de esa empresa, en los últimos cuatro meses la tendencia se ha revertido y Noboa ha perdido 21 puntos de aprobación y se ubica en 59 por ciento.
Este miércoles, el jefe del Ejecutivo decretó oficialmente un nuevo estado de excepción en siete provincias y un municipio del país e informó sobre el inicio de la fase dos de su «lucha contra el terrorismo en territorio nacional».
Noboa aseguró que en enero había un caos generalizado en materia de seguridad y en cinco meses su administración logró «devolverle la paz a los ecuatorianos, algo que nunca se había logrado antes»
Pero, a pesar de la militarización, el número de muertes violentas, extorsiones y otros delitos siguen al alza, mientras crecen las preocupaciones por el exceso en el uso de la fuerza militar en el combate a los grupos criminales, alertan colectivos defensores de los derechos.
El pasado 21 de abril, durante la consulta popular, los ecuatorianos aprobaron nueve preguntas referentes a cuestiones de seguridad y rechazaron dos relacionadas con el trabajo por horas y el arbitraje internacional.
Los resultados de los comicios reflejaron la preocupación ciudadana ante la inseguridad, por encima del apoyo a la propuesta del mandatario.
En opinión del economista Alberto Acosta, se impuso la defensa de la soberanía nacional y de los derechos laborales, y también el miedo que provoca la creciente inseguridad.
Acosta alertó que esa situación no encontrará una salida con más represión y populismo penal si no se adoptan medidas de corte social para disminuir la desigualdad.
En ese contexto, varias organizaciones han denunciado al Ejecutivo por violar los derechos de las personas privadas de libertad.
Desde el pasado 9 de enero pasado, cuando decretó la existencia de un conflicto armado interno como medida para facilitar los operativos contra el crimen organizado, el control de las penitenciarías está en manos de las Fuerzas Armadas.
Según expertos y activistas, las cárceles pasaron de estar en manos de los cabecillas de las bandas criminales a un control militar, en el cual no hay garantías de derechos.
Asimismo, desde el 1 de abril, los ecuatorianos pagan una nueva tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en unos 208 productos de la canasta básica, en medio de una nueva ola de violencia e inseguridad.
La medida, decretada por Noboa, estableció el alza del IVA del 12 al 15 por ciento como una iniciativa para recaudar los recursos suficientes para afrontar los operativos militares y policiales en el marco del conflicto armado interno, según el mandatario.
Para el profesor de la Universidad Central de Ecuador Paúl Córdova, la declaratoria de conflicto armado interno ha servido como instrumento de política económica, con la elevación del IVA, y no como política de seguridad.
Recientemente, un proyecto inmobiliario a cargo de una empresa de Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Noboa, generó múltiples cuestionamientos debido a que las obras destruirían manglares de un bosque protegido.
Pobladores de la comuna de Olón, en la parroquia de Manglaralto, en la provincia de Santa Elena, protestaron para denunciar la tala y destrucción del manglar en el Esterillo Oloncito, declarado »área de bosque y vegetación protectores» en 2001.
Mientras, continúan los reclamos por el fin del extractivismo en el Parque Nacional Yasuní, considerado la mayor área protegida de esta nación sudamericana.
El 20 de agosto de 2023 el 58,9 por ciento de los ecuatorianos votó a favor de mantener bajo tierra el crudo en esa zona, sin embargo, la actividad extractiva se mantiene allí.
Noboa buscará su reelección en 2025 en medio de un conflicto con su vicepresidenta, Verónica Abad, quien acusa al gobernante de intentar destituirla.
La segunda jefa del Ejecutivo, quien se desempeña como Embajadora de paz en Israel, ha calificado de »hostigamiento» las acciones del Gobierno para que renuncie, y así no tener que encargarle la presidencia cuando Noboa haga campaña para las elecciones presidenciales de 2025, dijo.
Mañana, el joven empresario presentará su primer Informe a la Nación en la sede de la Asamblea Nacional donde rendirá cuentas sobre la actuación de su Gobierno durante estos primeros seis meses de gestión.