La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es la encargada de resolver procedimientos en materia de controversias, es decir, cuando hay un desacuerdo sobre cómo se debe interpretar o aplicar la Constitución; además, conoce y resuelve las acciones de inconstitucionalidad cuando alguien cree que una ley o acción del gobierno va en contra de la Constitución, precisó María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del INFOCM.
Lo anterior luego de que la Comisionada posicionara el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.2263/2024 de acceso a la información pública presentado en contra de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TJACM), durante la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCM).
En este caso -dijo-, una persona solicitó información estadística sobre el número de sentencias emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México desde 2020 hasta la fecha, y cuántas de éstas fueron emitidas a favor de quien las promovió. En una primera respuesta el Tribunal incluyó un archivo en formato Excel sobre todos los medios de control constitucional.
Ante ello, la persona solicitante se inconformó ante el INFOCM y presentó un recurso de revisión en el que argumentó que la respuesta no correspondía con lo solicitado, debido a la complejidad del formato y a la falta de claridad en el lenguaje utilizado.
Una vez admitido el recurso de revisión, el TJACM entregó una respuesta complementaria con los datos solicitados, desglosados por año, e incluso por mes. En ésta se informó que de 2020 a lo que va del 2024, en la Sala Constitucional, se emitieron un total de 6 sentencias, de las cuales una resultó favorable para quien la promovió.
Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Nava Polina se determinó que el agravio quedó resuelto, ya que el Tribunal atendió la solicitud de manera puntual, fundada y motivada.
Al continuar con la exposición, la Comisionada aseguró que en el ámbito de la Justicia Abierta, la accesibilidad y comprensión del lenguaje es indispensable no sólo para entender mejor la información que producen las instituciones, como en este caso a través de una solicitud de información, sino que también permite comprender de manera efectiva el contenido y las implicaciones de las sentencias emitidas por los tribunales. Lo que implica un reto organizativo y cultural significativo.
“Aunque hay un avance importante en la publicación de sentencias, es crucial que las personas puedan entender su contenido; por lo que un lenguaje accesible y comprensible permite que las personas sepan qué hacen los actores y las instituciones públicas, cómo lo hacen y porqué lo hacen.
La Métrica de Justicia Abierta identifica que sólo algunas instituciones utilizan criterios de accesibilidad para las sentencias, laudos o resoluciones, con un puntaje de apenas 0.53 en la medición de esta variable, dentro del Subíndice de Apertura del Proceso de Justicia. Tampoco hay un esfuerzo adicional generalizado para explicar el contenido de las resoluciones”, añadió Nava Polina.
Por ello es indispensable promover un lenguaje claro que permita fortalecer la participación y el control sobre el sistema de justicia, lo que es esencial para una democracia robusta y transparente.
“El derecho a entender es esencial para fomentar el Estado Abierto al permitir que las personas conozcan la acciones y decisiones de las instituciones públicas, así como materializar este derecho en estrategias de interacción y comunicación eficaces entre actores públicos y personas”, finalizó.