La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila Ventura, se pronunció porque en la próxima legislatura, que inicia el 1 de septiembre de 2024, se abra la posibilidad de debatir para expedir una nueva ley en materia de derecho de acceso al agua y a su saneamiento, a fin de garantizar una adecuada gestión del recurso.
“Una nueva ley que privilegie la protección jurídica del uso del agua para consumo humano y favorezca su cuidado por parte, tanto de las personas, como de las industrias y las actividades económicas”, afirmó.
Al participar en el foro Agua, un derecho humano transversal, organizado por la diputada Valeria Cruz, orientado a definir la agenda temática de la próxima legislatura en la capital, la diputada Martha Ávila consideró que es indispensable favorecer la participación comunitaria y la intervención ciudadana en la gestión del agua mediante mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
“Sin duda la gestión más democrática del agua es un elemento fundamental para garantizar este derecho universal”, señaló la también presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del órgano legislativo.
La legisladora de Iztapalapa fue clara al señalar que el “estrés hídrico que padecemos hoy en día deriva de la aplicación irracional de un modelo extractivista que –sobre todo en las décadas del neoliberalismo– privilegió el uso del agua con fines industriales sin contemplar la recuperación y la reincorporación del vital líquido a la naturaleza”.
“Los gobiernos del pasado neoliberal vieron el tema del agua, no como un derecho, sino como una mercancía. Un objeto de lucro, que podía concesionarse al mejor postor, principalmente, a las grandes transnacionales”, lamentó.
“Uno de los datos más esclarecedores de este punto es que entre 1917 y 1992 se habían otorgado poco más de 2 mil concesiones de agua en todo el país. Sin embargo, en el periodo neoliberal esta cifra llegó a más de 564 mil concesiones”, remembró la líder de los diputados y diputadas morenistas.
La diputada Martha Ávila fue clara al señalar que: “Hoy, el 2% de los concesionarios, los de mayor poder económico, se han apropiado del 70% del volumen del agua”.
Estableció que un ejemplo de esto ocurre en Iztapalapa, pues la empresa Bonafont recoge agua de la Sierra de Santa Catarina para hacerse de un gran negocio en el resto de la Ciudad, cuando en la demarcación se sufren daños por las obras de extracción y la gente no tiene acceso al vital líquido.
En su participación, comentó que “nos encontramos ante una situación muy compleja que requiere revisar todo el modelo de gestión del agua a nivel nacional, regional y local; y me parece que, justamente, el Poder Legislativo es uno de los espacios más importantes en donde se debe dar esta discusión”.