Ciudad de México, 4 sep (Prensa Latina) La Cámara de Diputados de México aprobó hoy en lo general la reforma judicial promovida por el gobierno, la cual busca según autoridades poner fin a la corrupción en ese poder autónomo.
El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política relativas a ese ámbito, recibió el visto bueno con 359 votos a favor y 135 en contra, luego de una sesión extendida por más de 10 horas.
Los mexicanos están hartos de «la dictadura de la toga y el birrete, de la corrupción y el nepotismo en el poder judicial, y por eso no vamos a titubear: vamos a ir a fondo con esta y todas las 20 reformas constitucionales» propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el legislador Ricardo Monreal.
A juicio del coordinador de la bancada del oficialista partido Movimiento de Regeneración Nacional, «una élite ilustrada juzgaba antes con criterios parciales y económicos; ahora, los jueces serán abogados mexicanos comunes, con sentido de respeto a los derechos humanos, pero también con percepción de la realidad social».
De acuerdo con el diario La Jornada, Monreal informó en días recientes que la cámara había recibido notificación de dos juzgados de distrito para impedir la discusión del proyecto, lo cual «no sólo es violatorio del principio de legalidad e invasión del poder legislativo, sino una violación flagrante» a la carta magna.
«No hay duda de que la desesperación de algunos sectores que intentan conservar sus privilegios pretende también frenar esta histórica reforma en beneficio de la población», aseveró en un mensaje a través de su cuenta en X.
Al mencionar las razones para la reforma, López Obrador ha señalado en reiteradas ocasiones que el poder judicial se encuentra secuestrado y al servicio de una minoría rapaz, dominado por la delincuencia organizada y la de cuello blanco.
En ese contexto, la propuesta aspira a poner fin al tráfico de influencias que permea a ese poder autónomo y que ha posibilitado la liberación de delincuentes y otras irregularidades, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos, según encuestas.
Plantea, entre otros asuntos, la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros; la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial como una autoridad independiente a la Suprema Corte, y que la remuneración de los servidores públicos de ese poder no pueda ser mayor a la del Presidente de la República.