Avanza proceso rumbo a elección del poder judicial en México

Ciudad de México, 16 dic (Prensa Latina) El Comité de Evaluación del poder ejecutivo determinó que 11 mil 15 aspirantes cumplen con los requisitos formales para continuar en el proceso hacia la elección judicial del próximo año en México, informó hoy una autoridad.
Al intervenir en la habitual conferencia de prensa de la mandataria Claudia Sheinbaum, el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, precisó que siete mil 432 fueron descartados porque no reunían los requerimientos o no acompañaron la documentación necesaria.
«Tenemos un número suficiente de personas en los diferentes cargos para poder seguir avanzando en este procedimiento», aseveró el funcionario, al referir que desde ahora y hasta el 31 de enero se analizará cuáles resultan las personas más idóneas para cada uno de los puestos.
Entre los elementos a tener en cuenta en esta etapa, sobresalen la probidad, honestidad, antecedentes personales, trayectoria académica, experiencia profesional y curricular.
Manifestó el compromiso del Comité de Evaluación con el arribo a «un poder judicial diferente, más cercano, humano, con mayor sensibilidad social, más honesto y que no esté comprometido con las élites económicas o con los poderes fácticos, sino con la justicia y con el pueblo de México».
«Nos estamos jugando en esta etapa, donde vamos a analizar los perfiles idóneos, el futuro y el éxito de esta reforma», consideró.
Tanto el Comité de Evaluación del Ejecutivo, como los del Legislativo y Judicial -los cuales también difundieron sus listados- valorarán a quienes aspiren a contender en la cita ante las urnas prevista para el 1 de junio de 2025.
Los mexicanos elegirán por voto popular a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, dos de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, 15 de las regionales, 464 de circuito y 386 jueces de distrito.
La elección es resultado de la reforma judicial, la cual busca poner fin a la corrupción que permea a ese poder autónomo y que ha posibilitado la liberación de delincuentes y otras irregularidades, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos, según encuestas.