La diputada Valentina Batres propuso reformar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mediante la adición de un párrafo al Artículo 40, con la finalidad de salvaguardar los derechos de las personas transexuales, sin que ello posibilite la vulneración de terceros, particularmente mujeres e infancias, específicamente mediante la violencia vicaria.
La iniciativa estipula que la expedición de una nueva acta de nacimiento no extinga ni modifique los derechos y obligaciones contraídos por la persona solicitante con anterioridad, a los procedimientos de reconocimiento de identidad de género, o de reasignación por concordancia sexo genérica, incluidos los provenientes del derecho de familia en todos sus órdenes y grados.
“En México, la protección de los derechos de la comunidad transexual y transgénero se encuentra regulada en diversos instrumentos legales, basados en el principio de igualdad y no discriminación.
“Entre otras, la Constitución Federal, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, prohíben la discriminación por motivos de sexo y género”, aseveró.
La identidad de género y todos sus procesos, incluida la concordancia sexo-genérica, es hoy un derecho no exento de vicisitudes, como la obtención de un Acta de Nacimiento acorde a una nueva circunstancia.
En México, cada entidad federativa tiene su propia regulación. En Jalisco, por ejemplo, la Ley de Identidad Trans permite un trámite administrativo sencillo ante el Registro Civil.
Esto ha propiciado que hombres, identificados por colectivos feministas como violentadores vicarios y deudores alimentarios, están cambiando su identidad aludiendo a razones de concordancia sexo-genérica para evadir sus obligaciones.
Es decir, utilizan el cambio de identidad sexo-genérica que conlleva la expedición de una nueva acta de nacimiento, adquiriendo una personalidad jurídica distinta a la que tenían, para así evadir sus responsabilidades civiles y familiares, pues la legislación de Jalisco no estipula que la expedición de una nueva acta no extingue ni modifica los derechos y obligaciones contraídos con anterioridad al cambio de identidad.
“No debemos permitir que este derecho, que tantos años de lucha costó a la comunidad trans, sea banalizado, vulnerado y utilizado en contra de las mujeres”, apuntó la legisladora Batres.
El argumento de estos hombres es evitar la discriminación en procesos judiciales relacionados con violencia vicaria y obligaciones alimentarias.
Grupos feministas han denunciado, refirió la diputada, esta práctica como un fraude legal y transfóbico, que utiliza la legislación que protege los derechos de la comunidad LGBT+ para evadir responsabilidades legales y familiares.
“Si bien esta estrategia puede ser observada ante el órgano jurisdiccional como fraude a la Ley, la utilización de cambios de identidad para evadir responsabilidades complica la situación de las mujeres, quienes en la mayoría de los casos tienen la custodia de los hijos y demandan alimentos”, añadió.
Batres subrayó que, de acuerdo con información del Banco de Datos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en 2024 se presentaron 4 mil 53 demandas de alimentos, de las cuales 86 por ciento fueron ingresadas por mujeres, 13 por ciento por hombres, y uno por ciento por otras personas.
Así, las mujeres que recurren a juicios de alimentos y violencia vicaria, deben enfrentar todo un proceso pleno de complicaciones para ver garantizados sus derechos.
“¡Ni un paso atrás al avance en el reconocimiento legal del cambio de identidad sexo-genérica, ni un paso atrás al acceso a la justicia de las mujeres y personas menores! ¡No a la utilización banal y perversa de los derechos ganados por la comunidad trans!”, advirtió.