Ciudad de Panamá (Prensa Latina) La concesión por el Gobierno panameño de un salvoconducto al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en la embajada de Nicaragua, es vista aquí como un zarpazo al Estado de derecho y el fin de la certeza de castigo hacia un delincuente común.
Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe en Panamá
Según el comunicado del canciller Javier Martínez-Acha, la decisión responde a razones humanitarias, al tiempo que señaló que el plazo otorgado para abandonar el país rumbo a Managua vence el 31 de marzo a las 12 de la medianoche.
El exgobernante, que permanece en esa sede diplomática desde el 7 de febrero de 2024, señaló que el anuncio del permiso de salida lo tomó por sorpresa y hasta la catalogó como una condena política.
Primero en su cuenta en la red social X, Martinelli dijo que evaluaría con sus abogados y familiares qué decisión adoptar, pero horas después reveló en Instagram que aceptaba el salvoconducto «como asilado político en la hermana República de Nicaragua».
Martinelli se refugió en ese inmueble luego de ser condenado a más de 10 años de cárcel en 2023, tras ser declarado por un tribunal culpable del delito de blanqueo de capitales en el caso New Business por la compra con fondos del Estado de la Editora Panamá América.
REACCIONES OPUESTAS
Para algunos, la decisión del actual jefe de Estado, José Raúl Mulino, es una traición a quien le designó como su sustituto y le apadrinó para que llegara al Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo) luego que fuera inhabilitado como candidato presidencial en los comicios generales de mayo del pasado año.
Por su parte el abogado Alejandro Pérez, miembro del equipo legal de Martinelli, indicó que su expectativa era un permiso para que recibiera atención médica debido a problemas de la salud.
La estadía del empresario en la embajada nicaragüense ha sido cuestionada además porque de manera frecuente emitía juicios sobre la política nacional, lo cual contraviene las normas internacionales de asilo.
La anterior administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) negó el salvoconducto para la salida de Martinelli alegando para ello lo dispuesto en el Artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933, refirió entonces un comunicado oficial.
OBLIGACIûN DE PANAMÁ
Para el abogado Euclides Tapia, el país tenía la obligación de conceder ese permiso, pero el trámite no solo tiene un componente jurídico, sino también político. Al concederlo, Panamá reconocería implícitamente que Nicaragua otorgó asilo a Martinelli por considerarlo un perseguido político, algo que el Ejecutivo no aceptaba.
Otro letrado, Julio Linera, estimó que es el Estado asilante el que quien califica el delito, no el país donde se encuentra el asilado. «Por eso Nicaragua calificó a Martinelli como perseguido político», señaló.
Linares consideró que era «difícil» conceder un salvoconducto a una persona condenada por delitos comunes. A su juicio, esta es una «decisión política» del gobierno de Mulino, quien no vio con buenos ojos que la embajada de Nicaragua permitiera que el multimillonario y exgobernante violara las convenciones de asilo de manera reiterada.
Luis Eduardo Camacho, conocido en Panamá como el fiel amigo de Martinelli y diputado por el oficialista partido Realizando Metas (RM), indicó que su jefe no tiene interés de irse del país, pues considera que debe estar en libertad ya que fue condenado políticamente.
CONSUMACIûN DE LA IMPUNIDAD
La exprocuradora general de la nación Ana Matilde Gómez calificó esta reacción del Ejecutivo como una burla al pueblo y un golpe a la eficacia de la justicia. Para la exdiputada, la medida carece de total transparencia y aseveró ante la televisión que el único lugar en el que debe estar Martinelli es en la cárcel.
Mientras tanto, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, dijo que esta medida es un error del presidente Mulino, pues representa «la consumación de la impunidad».
La coalición Vamos, integrada por políticos independientes y diputados, al pronunciarse en comunicado difundido en sus redes sociales, expresó su rechazo al otorgamiento del salvoconducto.
«Lo correcto era agotar la vía diplomática con Nicaragua para garantizar la ejecución de la sentencia. De no existir colaboración, Panamá pudo recurrir a mecanismo de solución pacífica de controversia, como la Corte Internacional de Justicia», precisó ese colectivo.
Para el presidente del Movimiento Otro Camino y excandidato presidencial en los comicios generales de mayo de 2024, Ricardo Lombana, este acto es de total impunidad no solo para Martinelli sino para todos los panameños.
Según Lombana, con Martinelli afuera no cambiará nada y si quiere seguir influyendo, lo hará desde donde esté; señaló sobre Mulino que «se está desviando» y en el país hay una oposición.
Si el líder de RM sigue su actividad política y empresarial a la distancia, dependerá de la voluntad del Gobierno nicaragüense, agregó.
JUICIO EN PIE
De acuerdo con el abogado penalista Moisés Bartlett, este asilo no impide que continúen los procesos judiciales que se le siguen a Martinelli, entre ellos, el caso Odebrecht.
«Habría más dificultades para las notificaciones porque tendría que surtirse por vía diplomática, pero el proceso sigue. De darse la audiencia de imputación, esta debe ser con su presencia, sea física o virtual», sostuvo.
En virtud de aplicar la ley, dado que existe una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada para Martinelli en el caso New Business, Bartlett explicó que Panamá podría girar incluso una orden de captura internacional por medio de Interpol en caso de que Martinelli no cumpla con la territorialidad del asilo en Nicaragua.
El propietario de la cadena de mercados Super 99 también enfrenta en Panamá una acusación de lavado de dinero por el caso Odebrecht, el mayor proceso judicial por corrupción en la historia del país centroamericano.
En 2016 Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina.
Pero en Panamá, la compañía brasileña reconoció haber pagado 59 millones de dólares en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos de obras públicas.
Luis Enrique y Ricardo Alberto, los dos hijos de Martinelli, fueron condenados en Estados Unidos en 2022 tras declararse culpables de recibir 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, presionados por su padre, según declararon.