Piden defender democracia en aniversario de golpe de 1964 en Brasil

Brasilia, 31 mar (Prensa Latina) La ministra de Articulación Política del Gobierno de Brasil, diputada Gleisi Hoffman, pidió recordar, defender la democracia y la verdad histórica del golpe militar de 1964, que cumple hoy 61 años, para que no se repita.
«Es importante recordar ese período en los días de hoy, cuando se está llevando a juicio a los comandantes de un nuevo intento de golpe (enero de 2023), incluyendo a un expresidente de la República (Jair Bolsonaro) convertido en acusado», escribió Hoffmann en la red social X.
Refirió que la responsabilidad penal de los golpistas, en plena vigencia del Estado de Derecho y las garantías constitucionales que intentaron abolir, «es un deber histórico en defensa de la democracia, hoy y para siempre».
El 8 de enero de 2023, data marcada en negro en la historia nacional, adeptos radicales de Bolsonaro invadieron y depredaron las sedes capitalinas del Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial, bajo gritos de intervención militar.
Por esos episodios antidemocráticos, la primera sala del Supremo Tribunal Federal tornó la semana pasada de denunciados a acusados al exgobernante y a otros 33 aliados cercanos por tentativa violenta tras las elecciones de 2022, hechos con propósitos parecidos al complot castrense de 1964.
Fuerzas reacciones rompieron en esa fecha la Constitución federal, traicionaron la democracia y eliminaron las conquistas culturales, sociales y económicas de la sociedad brasileña.
Hoffamman, extimonel del gobernante Partido de los Trabajadores, recordó que hace 61 años, un golpe de Estado lanzó al país en un largo período de dictadura, que cercenó derechos y garantías, persiguió, arrestó y mató opositores.
«Fueron más de dos décadas de resistencia y sacrificio por la restauración de la democracia, que culminaron con la campaña de las Diretas ya, el fin de los gobiernos militares y la elección de la Asamblea Nacional Constituyente», apuntó en la plataforma.
Creada por ley en 2014 en la administración de Dilma Rousseff, la Comisión Nacional de la Verdad presentó su informe final, en el que se concluía que la práctica de las detenciones ilegales y arbitrarias, la tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas eran el resultado de una política estatal contra la población civil, calificándolas de crímenes de lesa humanidad.
Se identificaron en total 434 casos de muertes y desapariciones de personas bajo la responsabilidad del Estado brasileño durante el periodo 1946-1988.
En el capítulo referido a la autoría de graves violaciones de los derechos humanos, enumeró 377 agentes públicos directamente implicados en los delitos cometidos.