En 2024, 25 personas defensoras del medio ambiente y el territorio perdieron la vida en México debido a la labor que desempeñaban; 21 activistas por homicidio y cuatro por ejecución extrajudicial, es decir, con participación de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.
De acuerdo al 11° Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, la cifra de 25 asesinatos del año pasado, se coloca como la segunda más alta de la última década, sólo superada por el año 2017 cuando se registraron 29 víctimas mortales.
El reporte elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), establece que en 2024, se documentaron 94 eventos de agresión, con 236 agresiones específicas y las 25 agresiones letales. Si bien estos datos muestran una disminución en el número de agresiones respecto a 2023, cuando se documentaron 123 eventos y 282 agresiones específicas, los asesinatos se elevaron de 20 a 25 en el último año.
En el mapa de eventos de agresión de 2024, el estado de Oaxaca ocupa el primer lugar con 15 casos, seguido por Chiapas con nueve; Michoacán nueve; Puebla nueve y Veracruz ocho.
En estos cinco estados sucedieron 50 de los 94 eventos de agresión documentados, lo que equivale al 53.1 por ciento. Además, en estos mismos estados se documentaron 127 agresiones específicas de un total de 236 documentadas, que equivale al 53.8 por ciento”, destacó.
Otras entidades con un número alto de eventos de agresiones fueron Quintana Roo (7), Ciudad de México (7), Sonora (5) y Baja California Sur (5). De acuerdo con el CEMDA, en el 2024 se registraron 309 víctimas que resultaron afectadas por los 94 eventos de agresión, y de ese total, 301 eran defensoras de derechos humanos ambientales.
La mayor parte de los eventos de agresión en contra de activistas, estuvieron dirigidos hacia miembros de las comunidades (43) y de integrantes de organizaciones de la sociedad civil (21).
El principal agente agresor fue el Estado, con participación en 62 de los 94 eventos de agresión documentados el año pasado (65.9 por ciento), en segundo lugar las empresas privadas con 25 eventos de agresión, que representa un incremento considerable con respecto a otros años, y en tercer lugar la delincuencia organizada, con 17 eventos de agresión.
En los 62 eventos de agresión con participación de algún agente del Estado, el gobierno federal estuvo presente en 18; algún tipo de cuerpo de policía 13; fiscalías 13; gobiernos estatales nueve; Guardia Nacional tres; gobiernos municipales dos; Secretaría de Marina dos; Secretaría de la Defensa Nacional uno y otras autoridades uno.
Los sectores que más eventos de agresión registraron son el agropecuario (14); vías de comunicación (13), forestal (12), urbano (10), turístico (8) y contaminantes (6), biodiversidad (6), minería (6) e hídrico (6).
Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, los sectores más letales para la defensa del medio ambiente y el territorio en el año 2024 fueron: minería (11 víctimas mortales), forestal (5), urbano (1), contaminantes (1), agropecuario (3), vías de comunicación (1) y otros (3).
Gustavo Alanís, fundador y director ejecutivo del CEMDA, hizo nuevamente un llamado respetuoso a las autoridades del Estado Mexicano, a garantizar con recursos financieros, materiales y humanos suficientes que el Mecanismo para la protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), funcione adecuadamente.
Lo anterior para garantizar un entorno seguro para quienes protegen el patrimonio natural de México, cumpliendo así con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), del cual México es signatario.
21 homicidios
Carmen López Lugo, de Chiapas, defensora muy participativa en el proceso de restitución del ejido de Tila frente al despojo de su territorio. Javier Ochoa Tejeda, de Veracruz, activista que lideró la defensa medioambiental en contra del relleno sanitario de Paso de Ovejas.
José Ángel Pelcastre, Ventura Ojeda y Florentino Castro, de Puebla, los tres se desempeñaban como guardabosques en la zona de Hueyacatitla, cerca de las laderas del volcán Iztaccíhuatl.
Ignacio López, Isidra Sosme Temich, Rosalinda López, Alfonso López, Teresita de Jesús Arrazate González, Yohari Belén, Dolores Arrazate Córdova y otras personas no identificadas, de Chiapas, defensores del ejido Nuevo Morelia en Chicomuselo, donde grupos del crimen organizado se disputan una mina.
Minerva Pérez Castro, de Baja California, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en el estado, defensora del pleno cumplimiento de los lineamientos y ordenamientos ecológicos de la industria y contra la pesca ilegal.
Antonio Regis Nicolás, de Michoacán, líder indígena nahua que realizaba actividades de protección de la comunidad y el territorio ante amenazas de despojo y explotación de recursos naturales por parte de diferentes grupos del crimen organizado.
Marcelo Pérez Pérez, de Chiapas, sacerdote de origen tzotzil, originario de San Andrés Larráinzar, que dedicó su vida a la promoción de la justicia y los derechos colectivos, defendió a los más vulnerables y al medio ambiente contra megaproyectos.
Abraham Alejandro Gobel Gómez, de Jalisco, lideraba las protestas contra el programa de verificación vehicular en Jalisco, en favor de la calidad del aire, como parte del Colectivo Afinación SÍ Verificación NO.
Marcos Sánchez Perea, de Puebla, presidente del Comisariado Ejidal de San Andrés Hueyacatitla y un reconocido defensor de los bosques en el estado.
4 Ejecuciones Extrajudiciales
Alberto Cortina Vásquez y Jorge Cortina Vásquez, de Veracruz, defensores del agua que organizaron un plantón y cierre de vías frente a una granja porcícola en la comunidad de Totalco.
Los hermanos Cortina Vásquez murieron a manos de elementos de la Fuerza Civil del Estado, que después de reprimir a los manifestantes, entraron hasta sus domicilios para dispararles con armas de fuego.
Adriana Ortiz García y Virginia Ortiz García, de Oaxaca, mujeres indígenas Triquis originarias de San Juan Copala, defensoras de la tierra y el territorio, asesinadas cuando descendían de un taxi en la capital del estado.
La Fiscalía General del Oaxaca dio a conocer en un boletín de prensa que, derivado de las investigaciones relacionadas con el caso, se identificó que uno de los sujetos imputados en la muerte de las hermanas Ortiz Garcia, era elemento activo de la Policía Estatal, por lo que se estima que es una probable ejecución extrajudicial.