Washington, 17 oct (PL) El gobierno de Estados Unidos reactivará hoy todas sus operaciones después de 16 días paralizado y tendrá fondos hasta el próximo 15 de enero gracias a un pacto temporal del Senado, que también evita la morosidad de pagos.
Con la promulgación del proyecto de ley por parte del presidente Barack Obama, el Estado podrá pagar a 800 mil empleados que estaban en sus casas sin recibir sueldo desde el pasado día 1, cuando entró en vigor el cierre parcial del Ejecutivo.
Más de 300 lugares públicos reabrirán sus puertas al público y también será posible mantener los servicios sociales de salud, de seguridad social y alimentación que benefician a millones de niños, mujeres embarazadas, ancianos y veteranos de guerra.
El Congreso aprobó anoche el plan diseñado por la dirección del Senado que aumenta hasta el 7 de febrero el límite de endeudamiento -ubicado en 16,7 billones de dólares- y desbloquea el financiamiento para todas las actividades del Gobierno.
La iniciativa también contempla la creación de un comité presupuestario que debe entregar un informe en diciembre con las recomendaciones de ambos partidos para aprobar las cuentas de la administración sin tanta polémica.
«Esto permitirá trabajar de forma conjunta para un acuerdo a largo plazo sobre los presupuestos para acabar con estas frecuentes crisis», dijo Henry Reid, líder de la mayoría demócrata en la Cámara alta.
Demócratas y republicanos cerraron el pacto a pocas horas de expirar el plazo fijado por el Departamento de Tesoro para que el país cayera en el temido default y amenazados con una rebaja en su calificación crediticia triple A.
La mayoría republicana de la Cámara de Representantes reconoció ayer el fracaso de sus esfuerzos por supeditar el alza de la deuda a frenar la ley sanitaria y apoyó el proyecto del Senado para reabrir el Gobierno.
Pero el líder de ese pleno legislativo, John Boehner, advirtió que la bancada opositora se enfocará en las fallas masivas y en una agresiva supervisión de la ley de salud u Obamacare, considerada el principal logro legislativo de la actual administración demócrata y el eje central de las disputas en el Congreso.