La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 330 votos a favor y 129 en contra, el dictamen a la minuta que expide la Ley de Hidrocarburos y reforma diversas disposiciones de las leyes de Inversión Extranjera, la Minera, y de Asociaciones Público Privadas.
El dictamen aprobado luego del debate en el que participaron los distintos grupos parlamentarios establece que corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico.
Además, su propósito es regular las actividades en territorio nacional del reconocimiento y exploración superficial, y la exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo.
También, el procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, así como el transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de gas natural; el transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de petrolíferos, y el transporte por ducto y el almacenamiento que se encuentra vinculado a ductos de petroquímicos.
El dictamen precisa que las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, sólo la Nación las llevará a cabo, por conducto de asignaciones y contratistas. Además, detalla que en las áreas naturales protegidas no se otorgarán asignaciones ni contratos.
Argumenta que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Energía (Sener), podrá otorgar y modificar a Petróleos Mexicanos (Pemex) o a cualquier otra empresa productiva del Estado, de manera excepcional, asignaciones para realizar la exploración y extracción de hidrocarburos.
Resalta que para el otorgamiento de una asignación, la Sener deberá motivar que se trata del mecanismo más adecuado para el interés del Estado en términos de producción y garantía de abasto de hidrocarburos y que el posible asignatario tiene la capacidad técnica, financiera y de ejecución para extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva.