San Juan, 1 nov (PL) Los puertorriqueños experimentarán un nuevo trastoque en la economía de prosperar la intención del gobierno de incrementar a 15.50 dólares un gravamen al barril del petróleo crudo, que es de 9.25 dólares.
Un impuesto similar se legisló en el verano de 2013, al comienzo del gobierno de Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD), lo que implica que de sancionarse la medida de la Cámara de Representantes se quintuplicaría el arancel en poco más de un año.
Con este paso, el gobierno -atribulado por una profunda crisis fiscal que lo tiene al borde de la insolvencia- pretende recaudar para el repago a una deuda de 2,200 millones de dólares que tiene la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
La presidenta del BGF, Melba Acosta, explicó en la víspera en una audiencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara que el efecto directo anticipado es un alza de tres o cuatro centésimas por cada litro de gasolina que se despache en las estaciones.
Acosta, hasta hace unos días a cargo de la cartera de Hacienda, maniobra desde su nueva posición para sacar del atolladero económico al país, con una deuda pública de 73 mil millones de dólares, acumulados en las últimas cuatro décadas del siglo pasado.
El proyecto de la esa instancia legislativa incluye en el arbitrio al galón del crudo, a los productos parcialmente elaborados y terminados derivados del petróleo y a cualquier otra mezcla de hidrocarburos, con excepción del gas natural.
Los funcionarios del gobierno puertorriqueño defendieron el impuesto al petróleo crudo bajo la premisa de que permitirá la creación de empleos en el área de la construcción y mejorará la infraestructura vial del país.
La ATC, cuya deuda global es de 7 mil millones de dólares, será fusionada junto con la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y el Tren Urbano, a la recién creada Autoridad de Transporte Integrado (ATI), que carece de activos, por lo que se persigue una inyección para su operación el próximo año.
La Autoridad de Financiamiento e Infraestructura (AFI) asumiría la millonaria deuda de ATC, que tiene una insuficiencia presupuestaria de 165 millones de dólares.
La presidenta de la Asociación de Industriales, Waleska Rivera, planteó que el alza del arbitrio al petróleo crudo tendrá un efecto adverso para atraer inversiones a Puerto Rico.
Rivera manifestó que el arbitrio también incrementará los costes de transportación, recibo de materiales y la embarcación de productos.
«También se afectarán los márgenes de ganancia de los suplidores de combustible porque bajará la demanda por la limitación en flujo de efectivo al ser un combustible más caro», insistió la líder de los industriales.
Los opositores partidos Nuevo Progresista (PNP), que busca la anexión plena a Estados Unidos; e Independentista Puertorriqueño (PIP) igualmente han rechazado el proyecto de ley.
El secretario general del PIP, Juan Dalmau, consideró «irresponsable, abusivo, injusto e insensible» el aumento al gravamen a los derivados del petróleo.
«Este aumento en el arbitrio al petróleo será un castigo adicional al pueblo puertorriqueño, particularmente a la clase media trabajadora, y una muestra más del abuso y la incompetencia administrativa del gobierno de García Padilla, que pretende echar una vez más sobre los hombros de los trabajadores la crisis fiscal y presupuestaria del país».
Anticipan otro trastoque en economía boricua con gravamen al petróleo
Por Néstor Rosa-Marbrell