Buenos Aires, 3 nov (PL) La multinacional norteamericana Procter & Gamble fue suspendida en Argentina por fraude fiscal relacionado con operaciones de importación desde Brasil, que eran facturadas a través de una filial radicada en Suiza por 138 millones de dólares.
La decisión, que anuncia hoy toda la prensa nacional, la adoptó anoche la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ente regulador fiscal en el país, que detectó además diferencias entre las Declaraciones Juradas de Importación y lo efectivamente traído por otros 19 millones de dólares.
Un comunicado de la AFIP precisa que el proceso de análisis de las prácticas de Procter & Gamble se focalizó sobre un total de dos mil 608 operaciones de importación de maquinas de afeitar, pañales y artículos higiénicos, principalmente.
La agencia de noticias Télam reporta que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, también ordenó investigar los fondos de inversión con participación en el capital accionario de Procter & Gamble, ya que algunos de ellos también tendrían inversiones en la ficticiamente quebrada imprenta Donnelley.
Vanguard Group, Blackrock, State Street Corp, Barclays Global Investors UK, Capital World, Nortern Trust y FMR participarían en ambas compañías, según se desprende del cruce de información efectuado por la AFIP con las bases del índice bursátil Nasdaq listado en la Bolsa de Nueva York.
El pasado agosto, la AFIP pidió a los tribunales que levantara el fallo de quiebra de la imprenta Donnelley, por considerarla fraudulenta, y demandó la detención de los directivos de esa compañía, sospechados del delito de Alteración del Orden Económico y Financiero.
Respecto a las importaciones fraudulentas de Proter & Gamble, los productos sobrefacturados «corresponderían a la excusa de incluir en el precio ‘royalties’ y demás ‘gastos inter-empresariales’ de publicidad y administración», detalló la AFIP.
Echegaray afirmó que «hay que terminar con estas trampas de las empresas globales que implican una planificación fiscal nociva en las operaciones de comercio exterior».
Aseveró que esas compañías multinacionales no pueden gestionar sus ganancias engañando al Estado, evadiendo impuestos y propiciando la fuga de divisas.
Esta conducta irregular -argumentó- impide el desarrollo de la Nación y priva a sus ciudadanos de recursos para los servicios públicos, salud, educación, justicia, transporte, jubilación y demás inversiones sociales.